Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, denunció este domingo haber recibido amenazas contra ella y su familia mientras permanece detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La exfuncionaria, en el ojo del huracán tras ser señalada como pieza clave en el caso, alertó sobre intentos de silenciarla.

Según W Radio, Ortiz reportó que visitantes al centro de reclusión le hicieron llegar un sufragio y mensajes intimidatorios en las últimas semanas. El periodista Juan Pablo Calvás detalló que las amenazas también alcanzan a su entorno familiar, en un aparente esfuerzo por presionarla para que no hable en el proceso judicial.

Ortiz fue imputada por tráfico de influencias y lavado de activos luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, la acusara de mediar un soborno de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name. Nombrada por Gustavo Petro en mayo de 2023, renunció un año después y fue enviada a detención preventiva en diciembre de 2024.

La excongresista ha elevado su denuncia a la Fiscalía, donde ya tiene un principio de oportunidad para colaborar. La entidad planea reforzar la seguridad de su familia ante las intimidaciones reportadas, que Ortiz vincula a un supuesto complot orquestado por la canciller Laura Sarabia.

El caso UNGRD sigue destapando una red de corrupción que sacude al gobierno, y las amenazas a Ortiz añaden un capítulo tenso a una investigación en curso. Mientras, la exfuncionaria insiste en que su vida y la de sus seres queridos están en riesgo por lo que sabe.