Bogotá, 31 de marzo de 2026 – El candidato presidencial Abelardo de la Espriella acusó al Gobierno de Gustavo Petro de ceder el control del Estado a estructuras criminales, tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender por seis meses las órdenes de captura contra 23 presuntos cabecillas en Medellín y el Valle de Aburrá.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, luego de una solicitud presentada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Según la Fiscalía, el objetivo es facilitar espacios de diálogo o sometimiento con voceros de organizaciones criminales en esa región.
El ente acusador aclaró que la suspensión no elimina procesos judiciales ni implica libertad automática. Tampoco afecta condenas vigentes ni impide capturas en flagrancia por delitos graves como secuestro o extorsión. La medida tiene una duración inicial de seis meses y puede extenderse dependiendo del avance de los acercamientos.
En contexto: Gobierno Petro respalda la decisión de suspender órdenes de captura a 23 líderes criminales en Medellín
La reacción de De la Espriella fue inmediata y se centró en cuestionar el trasfondo político de la decisión. En un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que los cabecillas beneficiados “serán los jefes de campaña del cobarde”, en referencia al presidente Petro o a su sector político.
En un comunicado difundido ayer, el candidato sostuvo que existe un intento de “torcer la voluntad popular en Medellín mediante el levantamiento de órdenes de captura a criminales” y advirtió que no le “temblará la mano para restablecer el orden”.
En ese mismo pronunciamiento, también afirmó que el país no puede normalizar decisiones que, bajo el argumento de la paz, “terminan beneficiando a estructuras criminales con capacidad de incidir en la vida política y electoral de regiones enteras”.
El documento señala además que la suspensión de las capturas podría tener implicaciones sobre la institucionalidad y el equilibrio democrático, al tiempo que sugiere posibles motivaciones políticas detrás de la medida.
Los 23 beneficiarios incluyen a presuntos integrantes de organizaciones criminales con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá, algunos de ellos identificados previamente como voceros en procesos de acercamiento con el Gobierno. La decisión les permite participar en encuentros sociojurídicos promovidos dentro de la estrategia de paz urbana.
El caso se produce en un contexto de alta sensibilidad en Antioquia por la influencia de estructuras criminales en economías ilegales como la extorsión y el microtráfico. La suspensión de órdenes de captura ha intensificado el debate político sobre los alcances de la política de paz total y su impacto en la seguridad urbana.
