La administración de Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que levante la prohibición impuesta por el juez federal James Boasberg, quien frenó las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El gobierno busca reanudar la expulsión de casi 300 venezolanos, enviados a El Salvador el 15 de marzo y acusados de pertenecer al Tren de Aragua, pese a que abogados de los deportados aseguran que muchos no son miembros de la banda ni tienen antecedentes delictivos.

El caso, que escaló tras el rechazo de una corte de apelaciones el miércoles, enfrenta al Ejecutivo con el Poder Judicial. Sarah Harris, asesora jurídica interina, argumentó que la Constitución otorga al presidente autoridad sobre seguridad nacional, calificando la ley como un mecanismo para la “remoción sumaria” de extranjeros en casos de “invasiones predatorias”. “Las órdenes judiciales debilitan negociaciones extranjeras y la protección contra organizaciones terroristas”, afirmó, pidiendo suspender el bloqueo de Boasberg mientras la Corte Suprema decide.

Un pulso por el poder

Boasberg ordenó audiencias individualizadas para los afectados, alegando que la ley (usada solo en guerras como la de 1812 y las mundiales) no aplica en paz. La ACLU y Democracy Forward respaldan esta postura, exigiendo debido proceso y criticando un “uso ilegal” de poderes bélicos. “El presidente no es un rey”, dijo Skye Perryman, de Democracy Forward, mientras Lee Gelernt, de la ACLU, alertó sobre envíos a “notorias prisiones extranjeras” sin garantías legales.

El gobierno insiste en que los deportados, trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de Nayib Bukele, son una amenaza. Sin embargo, defensores de derechos humanos y familiares denuncian que algunos fueron señalados solo por tatuajes, sin pruebas de vínculos criminales. Trump, que ha atacado a Boasberg y pedido su destitución, enfrenta una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien defendió la independencia judicial.

Con la orden de Boasberg expirando este sábado, la decisión de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, será clave en un conflicto que pone a prueba los límites del poder presidencial y los derechos de los migrantes.