El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga requirió a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por no cumplir un fallo de tutela que la obliga a responder a las comunidades de la provincia de Soto Norte, en Santander.

La advertencia es clara. El juzgado dio un plazo de 48 horas a Muhamad para acatar la orden. De lo contrario, enfrenta una sanción de seis meses de arresto y una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a $28.400.000. Esta decisión se suma a las tensiones que han marcado su gestión en los últimos meses.

El caso tiene raíces en noviembre de 2024. La tutela fue presentada por Ivonne González, líder minera de Vetas, quien acusó a la ministra de ignorar las inquietudes de más de 35.000 habitantes afectados por la propuesta de una zona de reserva cerca del Páramo de Santurbán. Según González, el Ministerio no ha ofrecido respuestas claras ni ha concertado con la comunidad.

La líder no escatimó en críticas. «Esta orden nos da la razón sobre lo que hemos denunciado: la ministra ha violado nuestros derechos fundamentales», afirmó. Aseguró que Muhamad pretende «borrar 450 años de vocación minera y arraigo cultural» con una resolución que carece de sustento técnico y desconoce sentencias de la Corte Constitucional.

El conflicto abarca seis municipios. California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, junto al 30% del área rural de Bucaramanga, enfrentan restricciones que afectarían el 98% de su territorio. Las comunidades denuncian que esto limitaría sus actividades económicas legales, como la minería tradicional, y podría generar un desplazamiento masivo.

González también apuntó al Acuerdo de Escazú. Este tratado, que Colombia ratificó para garantizar participación ciudadana en temas ambientales, habría sido violado por la falta de diálogo, según la líder. «No hay concertación, solo imposiciones», reclamó, destacando que la ministra ha priorizado agendas sin considerar a los habitantes de Soto Norte.

El fallo judicial llega en un momento delicado para Muhamad. La ministra, quien renunció en febrero tras la llegada de Armando Benedetti al gobierno, sigue en funciones mientras se define su salida. Su gestión ha estado marcada por controversias, como los retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, ordenada hace años por la Corte Constitucional.

La advertencia del juzgado no es aislada. En semanas recientes, el Tribunal Administrativo de Santander ya había abierto un incidente de desacato contra Muhamad por el mismo tema, evidenciando una tensión creciente entre las comunidades mineras y el Ministerio de Ambiente.