Crece la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo tras las acusaciones del ministro Luis Carlos Reyes sobre presunto lobby en la DIAN. Congresistas consideran que se trata de una maniobra del Gobierno para opacar sus propios escándalos.
La controversia en torno a la lista de 34 congresistas que presuntamente habrían gestionado nombramientos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) escaló a un nuevo nivel este lunes. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, acusó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de utilizar este escándalo como una estrategia para desviar la atención de los problemas internos de la administración.
“Esto es una estrategia de este Gobierno. Ayer nos amenazaron con el pueblo, nos acusaron de obstaculizar reformas, intimidaron a los medios de comunicación y al sector privado, y ahora salen con este tipo de señalamientos”, afirmó Cepeda.
La postura del presidente del Senado fue respaldada por varios parlamentarios, quienes sostienen que el señalamiento hecho por el actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, cuando era director de la DIAN, no es más que un intento de opacar los escándalos que rodean al Gobierno Nacional.
El senador Germán Blanco, del Partido Conservador, rechazó las acusaciones que lo vinculan con supuestas presiones para nombrar a la esposa de un representante a la Cámara en la entidad tributaria. “Es absurdo que relacionen hechos que no tienen conexión. Acompañé en su momento al representante Félix Chica, cuya esposa trabaja en la DIAN, pero no gestioné ningún nombramiento ni ascenso”, indicó.
Por su parte, el senador Edgar Díaz, de Cambio Radical, sostuvo que el Gobierno recurre a este tipo de maniobras cada vez que se ve salpicado por un escándalo. “Parece que cuando hay una crisis, fabrican otra noticia para taparla. Ahora nos meten en esto por el escándalo de ‘Papa Pitufo’. No he tenido ningún encuentro con Reyes ni le he pedido citas”, declaró.
Las reacciones surgen tras la presentación de derechos de petición y denuncias penales contra el ministro Reyes por parte de algunos legisladores, quienes exigen que se precise dónde y cuándo habrían ocurrido las supuestas reuniones para gestionar puestos en la DIAN. La representante Saray Robayo, de La U, incluso instauró una denuncia por calumnia ante la Fiscalía General.
Mientras crece la disputa, varios congresistas evalúan interponer acciones judiciales adicionales, entre ellas tutelas, para proteger su derecho al buen nombre, argumentando que las acusaciones carecen de sustento probatorio.
El Gobierno Nacional, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las nuevas acusaciones de los parlamentarios, mientras el ministro Reyes defiende la veracidad de la información divulgada sobre la presunta intermediación en la DIAN.
