TUIT: «NSO, fabricante de Pegasus, confirma negocio con Colombia». W Radio Colombia.

Pegasus ha sacudido el panorama político colombiano. La empresa israelí NSO Group, fabricante del software espía, confirmó haber realizado una transacción con el gobierno colombiano en 2021, durante la administración de Iván Duque. Esta revelación contradice las declaraciones del expresidente y altos funcionarios de su gobierno, quienes han negado repetidamente la compra de Pegasus para realizar espionaje en el país.

La respuesta de NSO fue clara: “Todas las transacciones se llevaron a cabo con autorización legal y con la documentación correspondiente en ambos países”, desmintiendo cualquier alegato en contra de la legalidad de la operación”.

En un comunicado dirigido a La W Radio, NSO Group aseguró que el acuerdo con Colombia se realizó de acuerdo a las leyes de ambos países. En sus propias palabras: «NSO es una empresa respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad».

Este comunicado pone en evidencia que sí se efectuó una compra de Pegasus durante la presidencia de Duque, confirmando lo que antes había revelado el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la negación constante de quienes hicieron parte del gobierno en ese entonces, ha aumentado las dudas sobre el verdadero propósito del uso de este software de espionaje.

La revelación de Petro

El 20 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al denunciar públicamente que el gobierno de Iván Duque, su antecesor, adquirió Pegasus, un sofisticado software de vigilancia, por 11 millones de dólares. Según Petro, esta compra fue realizada en secreto con el objetivo de espiar a opositores políticos, activistas y periodistas. Petro basó sus afirmaciones en documentos obtenidos por la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) a través de una solicitud a su equivalente en Suiza.

En ese momento, Petro señaló que el acuerdo con NSO se realizó de manera ilegal, y que el dinero habría sido transportado en efectivo a través de vuelos privados. Según el mandatario, este movimiento de grandes sumas de dinero podría constituir un caso de lavado de activos, algo que debería ser investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Desde las revelaciones de Petro, el gobierno de Duque y sus aliados han adoptado una postura de negación absoluta. En un comunicado emitido por la cúpula militar y los exministros de Defensa, entre ellos Guillermo Botero y Diego Molano, se reiteró que durante el gobierno de Duque no se ordenó la compra de Pegasus ni de ningún software similar.

Este comunicado asegura que todas las operaciones de seguridad se realizaron en estricto cumplimiento de la ley, y con el objetivo de combatir el crimen organizado. Sin embargo, la falta de registros en SECOP y en los gastos reservados sobre la compra de Pegasus, ha levantado serias sospechas sobre la transparencia en el manejo de esta operación.

¿Por qué ocultar Pegasus?

La confirmación de NSO Group de que sí hubo una transacción con Colombia, plantea la pregunta: ¿Por qué ocultar una compra que, en teoría, debería haberse realizado para proteger la seguridad del Estado? Si Pegasus fue adquirido con el fin legítimo de combatir el crimen organizado, la lógica dicta que habría sido beneficioso para el gobierno Duque hacer pública la transacción, y garantizar que su uso estuviera alineado con el respeto a los derechos humanos y las leyes nacionales.

Detrás de la estrategia de ocultamiento y la negación constante de la compra de Pegasus, por parte del gobierno de Duque, podría haber una motivación mucho más profunda relacionada con el escenario político de 2022. En ese entonces, el Centro Democrático enfrentaba una dura batalla para evitar que Gustavo Petro llegara a la presidencia, y el control de la narrativa política era crucial. La posibilidad de haber utilizado Pegasus para espiar a opositores políticos, activistas y periodistas del entorno de Petro, justo en un momento clave de la campaña electoral, plantea la inquietante sospecha de que el software pudo haber servido como una herramienta para obtener información sensible y manipular el debate público.

La aparición repentina de grabaciones y videos que involucraban a políticos cercanos a Petro, y al mismo Petro, difundidos en medios de comunicación en campaña, parece coincidir con el patrón de vigilancia y espionaje que podría haber sido facilitado por el uso de Pegasus. El objetivo final habría sido debilitar la campaña de Petro, filtrando información comprometedora en un intento de bloquear su ascenso al poder. Esta hipótesis cobra mayor fuerza si consideramos el alto costo político que tendría admitir, que el gobierno usó tecnología de espionaje para influir en una elección presidencial, lo que explicaría la férrea negación del Centro Democrático y la narrativa de “no adquisición” que se ha mantenido hasta hoy.

La negación sistemática no solo sería una estrategia de defensa, sino también una manera de evitar el escándalo público que confirmaría un abuso de poder y espionaje ilegal, poniendo en peligro la legitimidad de todo el proceso electoral de 2022.

El costo político de la verdad

El uso de Pegasus en varios países ha sido vinculado a violaciones de derechos humanos, espionaje político y abuso de poder, lo que ha generado un fuerte rechazo a nivel internacional. Admitir que el gobierno colombiano adquirió este software para fines similares podría tener un costo político devastador para el Centro Democrático, y para la figura del expresidente Iván Duque. Esto explica en parte la estrategia de negación que se ha mantenido, ante la creciente aparición de nuevas pruebas.

Sin embargo, la confirmación de NSO pone al gobierno Duque y a sus aliados en una posición complicada. La estrategia de negación, en lugar de proteger su imagen, ahora parece una táctica de ocultamiento que solo ha aumentado la desconfianza pública. A medida que surgen más detalles, la credibilidad de los exfuncionarios involucrados se ve cada vez más comprometida, y la transparencia del gobierno de Duque queda gravemente cuestionada, amplificando el daño a su imagen pública.

Por Jairo Castillo