TUIT: «Ante la Procuraduría y la Fiscalía denuncié al Canciller Luis Gilberto Murillo por entregar a dedo la actualización del software de citas de pasaportes y otros servicios a una empresa sin el conocimiento y la experticia en tecnología. El DEDAZO fue de 10.364 millones de pesos». Daniel Briceño.
El concejal Daniel Briceño ha vuelto a generar controversia con una denuncia en su cuenta de X, esta vez señalando al canciller Luis Gilberto Murillo de adjudicar un contrato “a dedo” a la empresa ALDESARROLLO. La acusación se centra en la modernización del sistema de citas de pasaportes y otros servicios tecnológicos de la Cancillería, un contrato valorado en 10.364 millones de pesos. Sin embargo, la temporalidad de la denuncia sugiere que se trata más de una maniobra política que de una preocupación genuina, dirigida a desacreditar a Colombia en la escena internacional durante la inauguración de la COP16.
En su denuncia, Briceño critica que la adjudicación directa del contrato no era procedente al tratarse de un suministro, y que ALDESARROLLO no tiene la experiencia necesaria en tecnología. Sin embargo, una revisión del contexto legal y técnico revela una situación mucho más compleja y menos alarmante de lo que el concejal revela.
La denuncia de Daniel Briceño se basa en una interpretación incorrecta de la naturaleza del contrato. Este es un contrato de prestación de servicios tecnológicos, no de suministro, lo cual permite su adjudicación mediante contratación directa bajo un convenio interadministrativo, autorizado por la Ley 489 de 1998. Según esta ley, las entidades públicas pueden celebrar convenios para la prestación de servicios sin licitación, lo que es completamente legal en este caso.
La Ley 1150 de 2007, invocada por Briceño, regula el suministro de bienes y no se aplica aquí, ya que no involucra la adquisición de productos, sino la actualización y modernización de sistemas de información, clasificados como servicios. Además, la contratación directa está justificada por la urgencia de modernizar un sistema tecnológico obsoleto que comprometía la seguridad y operación del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual está permitido en situaciones que afecten la continuidad de servicios públicos.
Respecto a la experiencia de ALDESARROLLO, la entidad ha trabajado en múltiples proyectos tecnológicos con instituciones como la Policía Nacional, la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría, demostrando su capacidad e idoneidad en temas de ciencia, tecnología e innovación (CT+i), lo que desmiente las acusaciones de inexperiencia planteadas por Briceño.
¿Entonces, qué motivaciones puede haber detrás de la denuncia?
Lo que más llama la atención no es la denuncia en sí, sino el momento en que Briceño decidió lanzarla. La acusación contra Luis Gilberto Murillo llega justo en el día de la inauguración de la COP16, un evento de gran relevancia internacional donde Colombia, liderada por el canciller, tiene un papel protagónico. La COP16, dedicada a la justicia climática, es una oportunidad clave para que Colombia refuerce su perfil en temas ambientales, y es Murillo quien está al frente de esta misión.
La denuncia pone en evidencia una estrategia política. Llega para desestabilizar al canciller justo en el momento en que su visibilidad y prestigio internacional alcanzan su punto más alto. La pregunta que surge es evidente: ¿Por qué Briceño esperó hasta el día de la inauguración de la COP16 para lanzar las acusaciones?
El Centro Democrático, partido al que pertenece Briceño, ha sido una de las voces más críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, y Murillo, es un funcionario clave. Su liderazgo en temas ambientales y justicia climática lo han posicionado como una figura en ascenso internacional.
Sin embargo, la denuncia parece atacar no solo la figura de Murillo, sino también los logros internacionales que el canciller presentará en la COP16. ¿Es un intento entonces de minar su credibilidad y erosionar su influencia en un foro global? Desacreditarlo en un momento de tanta visibilidad, mostraría un plan calculado para crear ruido mediático, dañar la imagen del gobierno en el extranjero, y debilitar los esfuerzos de Colombia en uno de los temas más importantes de la agenda global.
Este tipo de denuncias, lejos de responder al interés público, caen en el juego de poder de la política colombiana, donde las acusaciones estratégicas suelen ser empleadas para desestabilizar figuras clave en momentos decisivos.
