Bogotá, 30 de octubre de 2026. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante la Cámara de Representantes la Ley de Rescate Económico, un proyecto con el que busca contener el deterioro de las finanzas públicas mediante una combinación de mayor recaudo tributario, reducción del gasto y cambios en las cargas que pagan hogares y empresas.
La iniciativa llega al Congreso mientras el Ejecutivo advierte que una porción creciente de los ingresos tributarios se destina al servicio de la deuda. El Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para evitar que el desequilibrio fiscal limite el funcionamiento del Estado y reduzca el margen para financiar sus programas.
El proyecto contempla modificaciones en el IVA, con un mecanismo de devolución para amortiguar el impacto sobre determinados hogares, y cambios en el impuesto de renta empresarial. La propuesta también incorpora medidas para reducir barreras a la actividad privada, aunque sus efectos dependerán del trámite legislativo y de la reglamentación posterior.
El componente de gasto incluye un recorte de la nómina y una revisión de estructuras y entidades públicas. Esa parte del plan abre una discusión sobre el tamaño del Estado, la continuidad de los servicios y el alcance de los ajustes laborales, en un Congreso que deberá evaluar simultáneamente el recaudo esperado y los costos sociales de la reforma.
La radicación inicia el debate formal de la ley y no significa que sus medidas estén aprobadas. Las comisiones económicas tendrán que estudiar el articulado, revisar sus proyecciones y decidir si mantiene el equilibrio entre saneamiento fiscal, protección a los hogares y estímulos para la inversión.









