Bogotá, 29 de octubre de 2026. La participación del senador Enrique Gómez Martínez en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó bajo examen del Consejo de Estado, luego de que se cuestionara que no se apartara del debate pese a su vínculo familiar con el ministro de Hacienda. La controversia se originó en una proposición relacionada con los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El reclamo sostiene que Gómez debió declararse impedido antes de intervenir en la discusión. La acusación cobró fuerza después de que una proposición atribuida al senador modificara la asignación presupuestal de la JEP en 170.000 millones de pesos, un ajuste que el senador Ariel Ávila ha presentado como el centro del posible conflicto de intereses.
Ávila llevó el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante una demanda que busca controvertir la investidura de Gómez. En el debate público, algunos sectores han descrito esa pretensión como una solicitud de “muerte política”, una expresión que alude a la eventual pérdida de la curul y no a una decisión ya adoptada por el alto tribunal.
La demanda no equivale por sí sola a una sanción. El Consejo de Estado debe revisar la competencia, los requisitos procesales y las pruebas sobre la intervención del congresista, el alcance de la proposición y la existencia de un interés particular que hiciera obligatoria la declaración de impedimento. Hasta ahora, lo confirmado es la apertura de un nuevo frente judicial alrededor de la discusión presupuestal.
El caso también vuelve a poner bajo atención la financiación de la JEP y los controles de integridad aplicables a los parlamentarios cuando tramitan recursos que pueden tener relación con miembros de su entorno familiar. La decisión que adopte el Consejo de Estado determinará si los hechos tienen consecuencias sobre la investidura de Gómez, pero no permite anticipar el resultado del proceso.









