Bogotá, 16 de septiembre de 2026. El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un proyecto de ley para que integrantes de grupos armados ilegales se sometan a la justicia bajo condiciones fijadas por el Estado, sin reconocimiento político ni mesas de negociación. El ministro de Justicia, Iván Cancino, presentó este martes 15 de septiembre ante el Congreso los principales lineamientos de la iniciativa.
Cancino aseguró que quienes se acojan al mecanismo podrán recibir un tratamiento diferenciado, pero descartó beneficios que el Gobierno considere desproporcionados. “No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, afirmó.
El ministro explicó que las organizaciones no podrán negociar las condiciones establecidas por las autoridades. Su decisión se limitará a aceptar o rechazar el sometimiento. La propuesta tampoco contempla, como regla general, excarcelaciones para personas que ya estén detenidas o procesadas.
El articulado se construye con participación de Presidencia, los ministerios de Justicia e Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y entidades del Consejo Superior de Política Criminal. El texto aún no ha sido radicado y las penas o beneficios específicos no han sido definidos públicamente.
El Gobierno espera que durante las próximas dos semanas se produzca una primera muestra de su política de sometimiento con integrantes de Comandos de la Frontera, estructura cuyo proceso está siendo revisado por las autoridades.
La iniciativa marca una diferencia frente a los procesos de diálogo impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro, al excluir negociaciones políticas y establecer una oferta jurídica definida previamente por el Estado.









