Buenos Aires, 12 de septiembre de 2026. El Gobierno de Javier Milei prevé iniciar el 2 de enero de 2027 las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, ubicada en Tierra del Fuego, a unos 700 kilómetros de las islas Malvinas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, anunció que en las próximas semanas se abrirán cinco o seis licitaciones públicas para reactivar el proyecto.
Presti confirmó el cronograma después de recorrer el predio junto con el canciller Pablo Quirno, autoridades militares y representantes provinciales. La instalación estará destinada a la Armada argentina y tendrá capacidad para operaciones de submarinos, infantería de marina y aviación naval.
El proyecto también busca convertir a Ushuaia en un polo logístico para las operaciones argentinas en la Antártida. El diseño contempla un muelle de 1.050 metros e infraestructura para almacenamiento, talleres, combustibles y actividades vinculadas con las bases antárticas.

La base fue impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández, pero quedó prácticamente paralizada tras el ajuste presupuestario iniciado por Milei. Actualmente registra un avance físico cercano al 9 %, por lo que el anuncio corresponde al reinicio de la construcción y no a su próxima entrada en funcionamiento.
El Gobierno estima que completar la infraestructura requerirá entre US$400 millones y US$500 millones. La administración nacional sostiene que el financiamiento será argentino y descarta, por ahora, aportes de Estados Unidos u otros países.
Milei reactivó formalmente el proyecto el 3 de agosto, cuando también anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en Malvinas con licencias que Argentina considera ilegales.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, opositor al presidente, respaldó la construcción pese a sus diferencias políticas con el Ejecutivo. También pidió que el proyecto permanezca bajo control argentino y sin participación extranjera.
La base reforzará la presencia naval argentina en el Atlántico Sur y su capacidad logística hacia la Antártida, mientras Buenos Aires mantiene su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, administradas por el Reino Unido.









