Guaviare, 5 de septiembre de 2026. Un juez de San José del Guaviare ordenó suspender los bombardeos militares en la región, siempre que existan alertas de inteligencia sobre la presencia de menores reclutados por armados.
La medida cautelar fue decretada el 3 de septiembre dentro de una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez y está dirigida al presidente Abelardo De la Espriella y al comandante de las Fuerzas Militares. La restricción estará vigente mientras el despacho resuelve de fondo la acción.
La decisión se produce después de la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de alias Calarcá. Según Medicina Legal, el operativo dejó diez muertos, entre ellos tres menores de 15 y 16 años.
El Gobierno sostiene que los adolescentes hacían parte de estructuras armadas y que la responsabilidad por su presencia en zonas de combate recae en los grupos que los reclutan. El Ejecutivo también ha cuestionado medidas judiciales similares por considerar que limitan las facultades constitucionales del presidente como comandante de la Fuerza Pública.
El caso de Guaviare no es el único. El mismo 3 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitió otra tutela que impuso una restricción de alcance nacional frente a operaciones aéreas en escenarios con posible presencia de menores reclutados.
Ambas decisiones invocan el interés superior de los niños y los principios de precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario. Las medidas son provisionales y no constituyen una decisión definitiva sobre la legalidad general de los bombardeos militares.











