Bogotá, 28 de agosto de 2026. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió conservar el expediente que investiga a Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio de Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro. La Comisión de Acusación de la Cámara había reclamado competencia al considerar que una conducta investigada pudo prolongarse hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente.
La controversia modifica el centro de gravedad del proceso. La Fiscalía sostiene que las conductas atribuidas corresponden al período en que Uribe era gobernador de Antioquia y que, por esa razón, la jurisdicción ordinaria debe continuar con el expediente. La Comisión parte de una hipótesis distinta, vinculada con la posible continuidad temporal del concierto para delinquir agravado. La diferencia tiene efectos concretos sobre quién puede investigar y bajo qué procedimiento.
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La intervención de la Corte Constitucional introduce una instancia con capacidad para ordenar el escenario procesal antes de que avance la indagatoria prevista para el 4 de septiembre. Su decisión determinará si la Fiscalía conserva el caso o si la Comisión adquiere competencia por la condición de expresidente. Mientras esa definición no exista, cualquier lectura sobre el rumbo posterior de la investigación permanece condicionada por una cuestión institucional que todavía no ha sido resuelta.
Para la defensa de Uribe, la discusión sobre la continuidad de la conducta adquiere valor estratégico porque puede llevar el expediente hacia el órgano legislativo encargado de investigar a quienes han ejercido la Presidencia. Para las víctimas y quienes cuestionan ese traslado, el riesgo central está asociado con una eventual dilación de un expediente que acumula décadas de actuaciones. Ambos intereses convergen en un punto sensible, el tiempo procesal puede adquirir relevancia política a medida que se acerca la definición constitucional.
También cambia el comportamiento de los actores políticos alrededor del caso. La Comisión, que inicialmente reclamó la remisión del expediente, deberá esperar una decisión externa a su ámbito. La Fiscalía, al sostener su competencia y remitir el conflicto a la Corte, evita una cesión directa y convierte la controversia en una cuestión institucional. La defensa, entretanto, obtiene que la hipótesis sobre la extensión temporal de la conducta sea examinada por el máximo intérprete de la Constitución.
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El escenario inmediato dependerá de la interpretación que adopte la Corte sobre la relación entre los hechos ocurridos durante la Gobernación de Antioquia y la conducta que presuntamente habría continuado durante la Presidencia. Si mantiene la competencia fiscal, el proceso conservará su cauce actual. Si reconoce el fuero, cambiarán la autoridad investigadora y las reglas procesales. También queda abierta la posibilidad de una delimitación distinta de las conductas, aunque el reporte no permite anticipar ese desenlace.
La disputa adquiere así una dimensión que trasciende el trámite de un expediente particular. La decisión constitucional establecerá cómo se interpreta el alcance temporal del fuero frente a investigaciones iniciadas por hechos anteriores a una Presidencia. Para Uribe, para la Fiscalía y para la Cámara, esa definición puede convertirse en el factor que determine quién tendrá capacidad efectiva para conducir la siguiente etapa del proceso.











