Bogotá, 26 de agosto de 2026. El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, REMAS, que busca adaptar buques de la Armada como centros transitorios para internos de alta peligrosidad. Defensa, Justicia e INPEC trabajan en un decreto, aunque todavía no existe una embarcación habilitada ni un cronograma oficial de entrada en operación.
La apuesta responde a un problema específico del sistema penitenciario. Capos y jefes de estructuras criminales continúan coordinando extorsiones, homicidios y narcotráfico desde establecimientos terrestres. Llevarlos a plataformas bajo custodia reforzada pretende reducir comunicaciones, visitas y contactos externos, con un primer grupo cercano a 40 reclusos.
El diseño también profundiza la línea de seguridad con la que De la Espriella inició su mandato. El traslado reciente de 20 internos en Barranquilla, acompañado de imágenes de presos afeitados y encadenados, anticipó una política que busca combinar aislamiento operativo con una señal pública de autoridad. La referencia estética al modelo de Nayib Bukele amplifica el impacto comunicacional, aunque todavía faltan definiciones jurídicas, logísticas y presupuestales.
REMAS funcionaría además como solución intermedia mientras el Ejecutivo intenta avanzar con las diez megacárceles prometidas en campaña, proyectos que aún no cuentan con cronograma ni financiación conocida. Esa secuencia puede darle al Gobierno una herramienta rápida frente al crimen organizado, pero también lo expone a controles sobre derechos de los internos, competencias de la Armada y condiciones de reclusión.
El resultado dependerá de si la administración logra convertir una medida de alto impacto simbólico en un mecanismo sostenible para cortar las redes criminales que operan desde las prisiones.









