Bogotá, 25 de agosto de 2026. El Ministerio de Igualdad y Equidad entró en una nueva fase de liquidación bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. El liquidador John Milton Rodríguez asumió el proceso con la instrucción de revisar contratos, nóminas, anticipos, obligaciones y recursos de FonIgualdad, mientras fija como meta mínima recuperar $200.000 millones. Esa cifra todavía corresponde a una expectativa administrativa y no a recursos recuperados ni a un detrimento establecido.
La sustitución del anterior liquidador y la velocidad de las primeras decisiones muestran que el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere imprimirle al cierre una orientación fiscal mucho más marcada. La supresión de los cuatro viceministerios, el congelamiento de nuevas contrataciones y la intervención directa sobre FonIgualdad reducen el margen para mantener estructuras durante la transición. Con ello, la liquidación empieza a adquirir una dimensión política adicional, porque permite al nuevo Gobierno revisar cómo fue administrada la cartera durante la presidencia de Gustavo Petro y utilizar sus hallazgos para evaluar el manejo del gasto en ese periodo.
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El punto de mayor peso político estará en la auditoría. Los informes preliminares citados por el Gobierno hablan de retrasos financieros, obligaciones pendientes y $1,77 billones comprometidos entre 2023 y 2025 sin pagos registrados en el SIIF. Ese dato requiere conciliación con los registros contractuales y fiduciarios antes de establecer responsabilidades. Si aparecen anticipos recuperables, obligaciones sin soporte o decisiones con efectos fiscales comprobables, De la Espriella tendrá una base para sostener que el cierre también corrige prácticas administrativas del periodo anterior.
Esa posibilidad introduce un incentivo electoral relevante. La nueva administración puede utilizar los resultados de la revisión para diferenciar su gestión frente al gobierno Petro mediante una narrativa centrada en austeridad, control y recuperación de recursos. Sin embargo, la fuerza de esa estrategia dependerá de hallazgos individualizados y verificables. Una auditoría que produzca únicamente inconsistencias administrativas tendría un efecto político menor que investigaciones capaces de establecer responsabilidades y consecuencias patrimoniales.
También existe un riesgo para el propio Gobierno. La congelación de contratos y movimientos de personal puede acelerar el cierre, aunque puede producir reclamaciones laborales, controversias contractuales y dificultades para mantener programas destinados a poblaciones vulnerables. Rodríguez deberá demostrar que la reducción administrativa no genera costos jurídicos superiores a los ahorros buscados. La gestión de FonIgualdad será especialmente sensible porque concentra recursos y programas cuya transferencia todavía no tiene un cronograma público completo.
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Durante los próximos meses, la cifra de $200.000 millones funcionará como referencia para medir la eficacia del proceso. Si el liquidador logra acercarse a ella mediante cobros, terminaciones contractuales o recuperación de anticipos, el Gobierno podrá presentar el cierre como una operación de saneamiento fiscal. Si los hallazgos no respaldan esa expectativa, la discusión puede desplazarse hacia la responsabilidad política de haber convertido una estimación preliminar en uno de los principales argumentos del desmonte. El futuro del proceso dependerá menos del anuncio inicial que de la capacidad institucional para convertir sospechas administrativas en resultados jurídicamente sustentados.









