Bogotá, 21 de agosto de 2026. Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, rechazó el contenido del denominado “Libro de la Verdad”, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El documento reúne 82 denuncias sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, varias relacionadas con la UNGRD.
En entrevista con la FM Carrillo calificó el informe como “un refrito” y cuestionó que el Ejecutivo presente como nuevos hallazgos asuntos que ya habían sido denunciados o investigados. Su respuesta busca separar los hechos de corrupción ocurridos en la entidad durante el periodo Petro de las conclusiones que el nuevo Gobierno pretende extraer sobre el funcionamiento general de la Unidad.
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El punto más sensible de su réplica está en la cifra de 4,3% de ejecución sobre una apropiación de $15,3 billones. Carrillo sostiene que esa operación mezcla el presupuesto propio de la UNGRD con los recursos administrados mediante el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene una estructura financiera diferente. Si esa distinción se confirma, la cifra utilizada por el Gobierno necesitaría una desagregación que permita establecer qué recursos correspondían directamente a la entidad y cuáles al Fondo.
La misma disputa aparece alrededor de los $1,38 billones cuya trazabilidad cuestiona el informe. Carrillo rechaza presentar esos recursos como dinero perdido y sostiene que deben revisarse contratos, órdenes de gasto, cuentas y procesos administrativos para determinar su situación. El reporte disponible tampoco contiene un desglose técnico completo que permita comprobar públicamente cada componente de esa suma.
Ahí aparece el verdadero alcance político de la respuesta del exdirector. El Gobierno De la Espriella necesita que el documento funcione como soporte de su diagnóstico sobre el Estado recibido y como argumento para explicar las dificultades iniciales de su administración. Carrillo intenta impedir que ese relato convierta las deficiencias de la UNGRD en una responsabilidad general atribuible a toda la administración anterior, incluida su gestión.
La disputa puede avanzar hacia una fase más incómoda para ambos sectores si los órganos de control someten las cifras a revisión documental. Una auditoría que confirme los hallazgos fortalecería la acusación gubernamental. Una metodología cuestionada, correcciones relevantes o una delimitación distinta de responsabilidades darían sustento a la denuncia de Carrillo sobre el carácter político del documento.
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La UNGRD ya carga con los escándalos de los carrotanques de La Guajira y las investigaciones derivadas de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Por eso, el debate actual tiene una particularidad. La existencia de irregularidades previas difícilmente puede discutirse en abstracto, mientras que la atribución de responsabilidades y la dimensión financiera de los nuevos señalamientos todavía requieren pruebas específicas. El pulso entre Carrillo y el Gobierno dependerá de quién consiga convertir sus cifras y acusaciones en evidencia verificable.









