Bogotá, 18 de agosto de 2026. El reporte sobre una eventual salida de Colombia de la Corte Penal Internacional llega sin confirmación oficial de la Presidencia, la Cancillería ni la propia Corte. Las versiones conocidas en La Haya apuntan a una posible denuncia del Estatuto de Roma, cuyo retiro solo produciría efectos un año después de la notificación formal a Naciones Unidas.
La información fue revelada por Caracol Radio a partir de fuentes consultadas en La Haya, que dan por encaminada la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según esa versión, el Ejecutivo estaría preparando un giro frente al Estatuto de Roma, una medida que tendría implicaciones sobre la relación de Colombia con el sistema internacional de justicia penal y sobre su política exterior.
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Si el Gobierno confirma esa decisión, el alcance excedería el ámbito jurídico. Colombia estaría modificando una política exterior construida durante más de dos décadas alrededor de la aceptación de controles internacionales sobre graves violaciones de derechos humanos. El cambio tendría especial peso porque el país ya atravesó un examen preliminar de la CPI entre 2004 y 2021 y mantiene obligaciones derivadas de ese periodo.
La clave política estaría en la relación entre justicia internacional y seguridad. La posible desvinculación aparece mientras Bogotá profundiza su acercamiento con Washington en materia de lucha contra organizaciones criminales y cooperación militar. La coincidencia temporal con los llamados estadounidenses a abandonar el Estatuto de Roma permite identificar una posible convergencia estratégica, aunque el reporte disponible no permite afirmar que exista una instrucción de Estados Unidos al Gobierno colombiano.
Para De la Espriella, una eventual denuncia también modificaría su posición frente a la Corte. Durante la campaña recurrió a esa jurisdicción para pedir una investigación contra Gustavo Petro. Si ahora su administración impulsa el retiro, la discusión quedaría centrada en el criterio que debe regir la relación de Colombia con el tribunal y en si su utilidad depende de quién ocupa el poder. Esa tensión podría alimentar un debate institucional sobre la política exterior y el alcance de las decisiones presidenciales.
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El proceso tampoco ofrecería una ruptura inmediata. El artículo 127 del Estatuto establece un plazo de un año desde la notificación y mantiene obligaciones respecto de hechos ocurridos durante la pertenencia. Por eso, incluso si el Ejecutivo formaliza la denuncia, la CPI conservaría capacidad jurídica sobre determinados hechos y Colombia seguiría sometida a compromisos adquiridos previamente.
El punto más sensible sería interno. La adhesión al Estatuto implicó aprobación legislativa, control constitucional y una reforma del artículo 93 de la Constitución. Una eventual salida podría abrir una controversia sobre las competencias del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Constitucional, asunto que las fuentes disponibles todavía no resuelven.
La ausencia de una notificación oficial mantiene abierto un escenario alternativo. La versión podría terminar siendo una discusión preliminar que no se traduzca en retiro, aunque ya introduce una señal sobre el rumbo que podría adoptar la política exterior colombiana. Si finalmente se formaliza, el debate dejará de ser únicamente sobre la CPI y pasará a definir cuánto quiere Bogotá subordinar su política de seguridad a compromisos multilaterales y cuánto espacio pretende recuperar para decisiones nacionales.









