Bogotá, 15 de agosto de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante su posesión que la opción del diálogo con los grupos armados estaba agotada. Con ello cerró políticamente la estrategia de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y planteó una nueva ruta basada en sometimiento a la justicia y persecución de las estructuras armadas. La decisión afecta procesos que todavía tenían presencia en Putumayo, Amazonía, Chocó y Córdoba.
El alcance de ese giro se medirá en lugares donde las conversaciones ya habían producido compromisos concretos. En Putumayo, 99 integrantes de los Comandos de la Frontera permanecían concentrados en una Zona de Ubicación Temporal y habían participado en una ruta que incluía entrega de armas y acciones sobre economías ilícitas. También seguía activo RenHacemos, con miles de familias vinculadas a programas de sustitución voluntaria. El cierre de la negociación deja abierta la pregunta sobre qué ocurrirá con esas personas y con los acuerdos territoriales que ya estaban en marcha.
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Para las comunidades, el cambio modifica los incentivos que habían acompañado esos procesos. Líderes campesinos y sociales de Putumayo han advertido que una eventual ofensiva puede afectar cultivos lícitos, movilidad y condiciones de seguridad. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que la erradicación forzosa sustituya los programas de sustitución voluntaria. Si el Estado cambia rápidamente de instrumento sin asegurar una ruta alternativa, puede aumentar la presión sobre poblaciones que ya conviven con estructuras armadas y economías ilegales.
Chocó enfrenta un dilema similar. Las zonas previstas para facilitar la ubicación de integrantes del Clan del Golfo dependían de una arquitectura de diálogo y sometimiento que ahora queda bajo revisión. Comunidades de Belén de Bajirá y otras zonas habían reclamado mayor participación y claridad institucional. El nuevo Gobierno deberá decidir si desmonta esos mecanismos, los adapta a su política de sometimiento o establece otra fórmula para evitar que el retiro estatal de las mesas sea acompañado por una disputa territorial más intensa.
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La decisión presidencial también cambia el cálculo de los grupos armados. La oferta de sometimiento puede incentivar entregas individuales entre quienes consideren demasiado costoso continuar en la clandestinidad. Las estructuras con mayor capacidad territorial, en cambio, podrían responder con mayor presión sobre comunidades y economías locales para conservar ingresos y control. La reacción dependerá de la capacidad militar del Estado y de la posibilidad de mantener presencia institucional después de las operaciones.
Por eso, el éxito de la nueva política no se definirá únicamente por el número de operaciones o capturas. El punto central será si el Estado consigue reemplazar los espacios de negociación por una presencia capaz de proteger a las comunidades, sostener programas sociales y ofrecer una salida verificable a quienes ya habían iniciado procesos de desmovilización. El cierre anunciado por De la Espriella cambia la estrategia nacional. Su consecuencia política más profunda se jugará en los territorios donde las comunidades tendrán que adaptarse primero a sus efectos.









