Bogotá, 12 de agosto de 2026. La llegada de Lina María Garrido Martín a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras ubica a una exrepresentante por Arauca y antigua aliada de la campaña de Abelardo de la Espriella al frente de una de las entidades con mayor capacidad para ejecutar la política rural. Su designación ocurrió después de que su nombre fuera asociado inicialmente con el ICA y tras la salida de Juan Felipe Harman y el breve paso de Ángela Lorena Ortiz por la ANT.
El movimiento adquiere importancia por la función que concentra la entidad. La ANT administra predios de la Nación, formaliza derechos sobre propiedad rural, gestiona baldíos y participa en la compra y adjudicación de terrenos para población campesina y comunidades étnicas. Cualquier orientación que adopte su nueva dirección tendrá efectos jurídicos, económicos y territoriales sobre actores con intereses enfrentados.
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Garrido llega con experiencia electoral, legislativa y territorial, una trayectoria que puede facilitar la interlocución política con alcaldías, organizaciones regionales y sectores que demandan acceso a tierra. Esa fortaleza también concentra el principal cuestionamiento que enfrenta desde su llegada. Sus críticos señalan que su formación y carrera pública no acreditan experiencia especializada en reforma agraria, ordenamiento de la propiedad rural o procedimientos agrarios. La discusión sobre idoneidad, por tanto, acompañará sus primeras decisiones.
Para el Gobierno, el costo de esa controversia dependerá menos de las críticas actuales que de la capacidad de la nueva directora para construir una estructura técnica sólida. La ANT tiene instrumentos con efectos patrimoniales relevantes y opera sobre asuntos donde una decisión administrativa puede convertirse rápidamente en disputa jurídica o territorial. Garrido necesitará mostrar capacidad de gestión y rodearse de conocimiento especializado para reducir ese margen de vulnerabilidad.
También cambia la relación del nuevo Ejecutivo con la arquitectura rural heredada. La administración anterior fortaleció las herramientas de la ANT para acelerar procesos de saneamiento, formalización y acceso a predios. La nueva dirección deberá definir si conserva esa orientación, la modifica o reduce su alcance. Esa decisión permitirá identificar con mayor claridad qué entiende el Gobierno de De la Espriella por política agraria y hasta dónde pretende mantener los mecanismos construidos durante el periodo de Gustavo Petro.
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La disputa política puede intensificarse si las primeras decisiones afectan propiedades privadas, baldíos o procesos iniciados por la administración anterior. Garrido tendrá además que gestionar expectativas de campesinos, comunidades étnicas, propietarios y autoridades locales, mientras la oposición utilizará cada actuación controvertida para examinar la distancia entre el discurso del nuevo Gobierno y su práctica institucional.
La verdadera prueba de este nombramiento comenzará cuando la ANT pase de tener una nueva directora a producir decisiones concretas. La experiencia política puede abrir puertas para gestionar conflictos y construir acuerdos, mientras la complejidad jurídica de la entidad exige resultados verificables y capacidad técnica. Allí se definirá si la apuesta del Gobierno consigue convertir una designación cuestionada por su perfil en una administración capaz de ordenar uno de los asuntos rurales más sensibles del país.
