Cali, 11 de agosto de 2026. Cali enfrenta las primeras horas posteriores al terremoto de magnitud 7,4 con miles de viviendas afectadas, hospitales comprometidos y decenas de estructuras colapsadas. La Alcaldía declaró la calamidad pública y desplegó Ejército y Policía en más de 40 puntos, mientras continúan las labores de búsqueda, atención médica y remoción de escombros.
La decisión de Alejandro Eder modifica temporalmente la relación entre seguridad y atención de desastres en la ciudad. La presencia de unos 600 militares, con refuerzos previstos, responde a alertas sobre posibles saqueos y busca mantener despejados los sectores donde trabajan los organismos de socorro. Esa función puede consolidarse mientras existan edificios inestables, vías restringidas y población evacuada, aunque su permanencia dependerá de riesgos concretos y verificables.
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El punto más sensible para la administración será administrar esa intervención sin que la seguridad termine desplazando la atención humanitaria. Las comunas 17 y 19 concentran parte importante de los daños, mientras la red hospitalaria opera bajo alerta roja. Cada efectivo destinado a custodia, cada corredor restringido y cada control de movilidad tendrá que justificarse por su aporte a rescate, protección de personas o funcionamiento de servicios esenciales. La ausencia de criterios públicos sobre los más de 40 puntos intervenidos deja abierta una presión adicional sobre la Alcaldía.
La emergencia también expone una dependencia institucional que trasciende al gobierno distrital. Cali necesita rescatistas adicionales, capacidad hospitalaria, maquinaria, alojamiento y coordinación con el Gobierno nacional. La solicitud de 232 especialistas sitúa a la administración local frente a una prueba de articulación con Presidencia, Fuerza Pública, Gobernación y organismos de socorro. La eficacia de esa coordinación tendrá consecuencias sobre la valoración política de Eder durante las próximas semanas.
El riesgo para el alcalde aparecerá cuando termine la fase estrictamente operativa. Las cerca de 5.000 viviendas averiadas o colapsadas y los centros educativos afectados obligarán a pasar de la contención inmediata a decisiones sobre alojamiento, infraestructura, reconstrucción y asignación de recursos. Allí cambiará la naturaleza de la discusión pública. La pregunta dejará de concentrarse en cuántos uniformados fueron desplegados y pasará a la capacidad del Distrito para recuperar servicios y responder a las familias afectadas.
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También existe una ventana para reorganizar la política de gestión del riesgo urbano. Las estructuras dañadas, los hospitales comprometidos y las dificultades de movilidad pueden impulsar revisiones sobre inspección, preparación sísmica y capacidad de respuesta. Si esas decisiones se integran en una estrategia sostenida, la emergencia puede acelerar transformaciones institucionales que excedan la coyuntura.
La variable crítica será el tiempo. Una intervención militar focalizada puede perder legitimidad si permanece después de que disminuyan las amenazas y las operaciones de rescate. Una retirada demasiado rápida podría producir el efecto contrario si persisten zonas evacuadas o riesgos de seguridad. Para Eder, la gestión de las próximas etapas exigirá demostrar que cada medida excepcional tiene una función concreta, un criterio de continuidad y una salida definida.
