Bogotá, 11 de agosto de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella encargó al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la dirección general de la Unidad Nacional de Protección, sin apartarlo de sus funciones ministeriales. El Decreto 1157, expedido el 10 de agosto, reemplazó el encargo de Javier Francisco Rodríguez Moreno y dejó a Lara al frente de ambas responsabilidades.
La decisión adquiere mayor alcance por una actuación previa del ministro. Dos días antes del decreto, Lara ordenó asumir personalmente la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem. Desde esa posición dispuso recibir directamente los documentos técnicos, las agendas y los informes que sustentan las decisiones sobre protección. Ahora, además, tendrá bajo su responsabilidad la conducción administrativa de la entidad. La combinación reduce la distancia entre quien participa en la evaluación de riesgos y quien dirige la institución encargada de ejecutar las medidas.
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Para el Gobierno, esta fórmula permite asegurar una conducción inmediata de la UNP después de la salida de Augusto Rodríguez y de un encargo que duró apenas cuatro días. También ofrece una vía para intervenir rápidamente sobre una entidad que Lara había cuestionado antes de asumir sus nuevas funciones, al señalar posibles usos políticos de los esquemas de seguridad. La respuesta de la administración anterior rechazó esa acusación y defendió el carácter técnico de sus procedimientos.
El punto sensible aparece ahora en la relación entre esa posición previa y las facultades que concentra el ministro. La UNP protege a opositores, dirigentes sociales, periodistas, funcionarios y otros ciudadanos sometidos a riesgos extraordinarios. Cualquier modificación en sus criterios puede tener efectos políticos y operativos sobre sectores muy distintos. Por eso, la etapa de Lara será observada menos por la duración formal del encargo que por la forma en que utilice el control adquirido sobre el Cerrem y la dirección de la entidad.
La ausencia de Didier Fabián Blanco, anunciado para asumir la dirección desde el 7 de agosto, introduce una variable adicional. El Gobierno no ha explicado por qué todavía no existe una posesión en propiedad ni cuánto tiempo permanecerá Lara encargado. Si Blanco finalmente llega, la actual concentración puede quedar como una fase de transición. Si la espera se prolonga, crecerá la expectativa sobre una eventual revisión del modelo de gestión y sobre las razones políticas o administrativas que mantienen abierta la interinidad.
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La emergencia provocada por el terremoto añade presión operativa, aunque todavía no existe información que permita atribuirle al encargo una relación directa con esa crisis. El verdadero efecto de la medida dependerá de lo que ocurra con las evaluaciones de riesgo, los esquemas existentes y los protocolos internos durante las próximas semanas. Allí se definirá si la centralización fue una solución temporal para ordenar una sucesión administrativa o el comienzo de una intervención más profunda sobre la manera en que el Estado decide quién necesita protección y bajo qué criterios.
