Bogotá, 10 de agosto de 2026. El sismo de magnitud 7,4 llevó a congresistas de distintas bancadas a solicitar al presidente Abelardo de la Espriella la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Andrés Forero, Sara Castellanos, Germán Rodríguez y Gustavo Moreno plantearon acudir al artículo 215 de la Constitución mientras continúan los balances de víctimas y daños.
La petición introduce una dimensión política y jurídica en una crisis que hasta ahora el Ejecutivo ha gestionado mediante los mecanismos ordinarios. El Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y encargó a la UNGRD consolidar las afectaciones. Dar el siguiente paso implicaría concluir que esos instrumentos resultan insuficientes frente a la magnitud de la calamidad.
Para De la Espriella, la decisión adquiere especial relevancia por ocurrir tres días después de su posesión. Una declaratoria le permitiría expedir decretos con fuerza de ley y movilizar recursos mediante procedimientos extraordinarios, aunque esas medidas quedarían sometidas a los controles constitucionales correspondientes. Su administración tendría así que justificar desde el comienzo del mandato la necesidad y proporcionalidad de cada disposición adoptada.
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El llamado proveniente de legisladores de varias bancadas también modifica la relación inicial entre la Casa de Nariño y el Legislativo. Parte de la presión para ampliar las facultades presidenciales surge del propio Congreso, circunstancia que podría facilitar respaldo político a una eventual decisión y elevar, al mismo tiempo, las expectativas sobre la velocidad de la reconstrucción.
Las próximas evaluaciones de daños serán determinantes. Si la capacidad institucional ordinaria resulta suficiente, el Ejecutivo podrá mantener la respuesta dentro de los procedimientos vigentes. Si las necesidades superan esos recursos, De la Espriella enfrentará su primera decisión sobre el alcance del poder excepcional. La forma de resolverla establecerá un precedente temprano sobre cómo su Gobierno equilibra rapidez, control constitucional y autoridad durante una crisis.
