Bogotá 8 de agosto de 2026. Gustavo Petro afirmó que durante su gobierno autorizó 25 bombardeos contra estructuras armadas y narcotraficantes, operaciones que, según su versión, no consiguieron alcanzar a los principales cabecillas. El expresidente atribuyó esa falta de resultados a posibles filtraciones dentro de la inteligencia colombiana y sostuvo que sectores del Gobierno estadounidense habrían intervenido para proteger a determinados objetivos.
La dimensión más sensible de su declaración está en el salto que plantea entre una dificultad operativa y una hipótesis de interferencia internacional. Petro aseguró que los mandos buscados abandonaban los lugares poco antes de los ataques y que había advertido al alto mando sobre una posible filtración. Hasta ahora, esa versión carece de documentos operacionales, expedientes judiciales o testimonios identificables que permitan establecer quién habría entregado información, qué agencia extranjera habría intervenido o cuáles operaciones fueron afectadas. Esa ausencia limita el alcance probatorio de la acusación, aunque deja abierta una pregunta institucional sobre la seguridad de la información utilizada para seleccionar blancos de alto valor.
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El problema político para la relación bilateral surge porque Colombia reconoció durante el mismo periodo la continuidad de mecanismos de cooperación antidrogas con Washington, incluidos componentes de inteligencia y tecnología. La nueva denuncia introduce una sospecha sobre esa arquitectura desde su propio funcionamiento interno. Si Petro aporta comunicaciones, informes, nombres o fechas que respalden su versión, la discusión podría trasladarse hacia los controles sobre intercambio de información clasificada y las responsabilidades de funcionarios colombianos y extranjeros. Si no aparecen elementos adicionales, la controversia quedará principalmente asociada a la confrontación política entre el exmandatario y Washington.
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También cambia la lectura sobre los resultados de los bombardeos. Las 25 operaciones registradas por distintas fuentes dejaron más de un centenar de muertes confirmadas según uno de los balances citados, mientras persisten dudas sobre el número total de víctimas y sobre la presencia de menores en algunas acciones. Petro admite ahora que autorizó esos ataques pese al riesgo que implicaban. Esa posición puede permitirle defender que hubo una decisión militar condicionada por información disponible, aunque al mismo tiempo lo obliga a responder por la eficacia de una estrategia que, según su propio relato, no consiguió neutralizar a los principales objetivos.
La próxima administración tendrá que decidir qué parte de esa cooperación conserva y bajo qué condiciones. Washington, por su lado, tendrá incentivos para exigir evidencia antes de responder a una imputación que afecta directamente sus agencias de seguridad. El escenario más relevante dependerá de si aparecen pruebas verificables. Una respuesta institucional de Estados Unidos sin documentación colombiana podría cerrar el episodio como una disputa política. La aparición de registros sobre filtraciones cambiaría el problema y llevaría la discusión hacia la confiabilidad de los sistemas de inteligencia, un asunto con efectos sobre la seguridad nacional y sobre la capacidad del Estado para conducir operaciones contra organizaciones armadas.
