Bogotá, 9 de agosto de 2026. El acercamiento entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la administración de Nayib Bukele comenzó con una definición política clara. Tras la posesión presidencial, ambos gobiernos anunciaron cooperación en seguridad, comercio y desarrollo, mientras sus vicepresidentes acordaron avanzar en una instancia binacional para comercio e inversión. La relación tiene antecedentes institucionales, aunque ahora adquiere una prioridad distinta.
La principal señal está en el componente de control criminal. Félix Ulloa expuso ante la delegación colombiana las reformas aplicadas durante el gobierno salvadoreño, incluido el régimen de excepción, las modificaciones penales, el CECOT y el Plan Cero Ocio. El interés adquiere mayor peso porque De la Espriella llegó al poder con la propuesta de construir diez megacárceles. Hasta ahora no existe un acuerdo formal para trasladar esas prácticas ni una asesoría técnica activada, de modo que la aproximación permanece en el terreno político y programático.
Lea también: Alianza comercial con Bukele se convierte en prioridad para De la Espriella
Ese límite será relevante durante los próximos meses. La cooperación puede avanzar mediante capacitación, intercambio de información, asistencia penitenciaria o mecanismos contra el crimen organizado. Cada una de esas vías tendría implicaciones distintas. Si el Ejecutivo colombiano presenta diseños, costos, ubicaciones y reglas de funcionamiento para las nuevas prisiones, la referencia salvadoreña pasaría de ser una afinidad discursiva a convertirse en una política pública verificable.
El componente económico ofrece una segunda vía de consolidación. La creación del Consejo Binacional Empresarial podría ampliar comercio, inversión, turismo y participación de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, su verdadero alcance dependerá de quiénes lo integren, qué presupuesto tenga y qué resultados se le asignen. La diferencia entre una declaración política y una estructura permanente aparecerá en esos detalles.
Lea también: Reforma constitucional en El Salvador establece la cadena perpetua como nueva pena máxima
También emerge una tensión institucional que puede condicionar el proyecto. Las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, abusos y vulneraciones al debido proceso durante el régimen de excepción salvadoreño. Cualquier intento de trasladar mecanismos similares tendría que superar controles constitucionales, judiciales y presupuestales. El Gobierno puede buscar resultados rápidos frente al crimen, mientras jueces, Congreso, organismos de control y sectores sociales exigirán garantías sobre los instrumentos utilizados.
El escenario más probable en el corto plazo es una ampliación gradual de la cooperación, con énfasis en inteligencia, crimen organizado, infraestructura penitenciaria y comercio. Un salto hacia medidas equivalentes al régimen salvadoreño requeriría decisiones mucho más profundas y enfrentaría mayores costos institucionales. Por ahora, la señal más significativa está en la elección de socios y referentes que acompañarán la primera etapa del nuevo gobierno. El vínculo con San Salvador puede terminar siendo un componente central de su estrategia criminal, siempre que las promesas anunciadas logren convertirse en decisiones con respaldo jurídico, recursos y capacidad de ejecución.
