Bogotá, 8 de agosto de 2026. Abelardo de la Espriella anunció en su primer discurso como presidente que examinará “con absoluto rigor” la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque aseguró que respetará el orden jurídico vigente, cuestionó el tratamiento otorgado a responsables de crímenes graves y situó a las víctimas como eje de su política de reconciliación.
La declaración traslada una promesa recurrente de campaña al ejercicio del poder. La diferencia resulta sustancial porque cualquier intento de modificar profundamente esta jurisdicción encontrará límites constitucionales y obligará al Ejecutivo a relacionarse con el Congreso, las cortes y las instituciones creadas a partir del Acuerdo de 2016. El alcance de las medidas que presente permitirá establecer si su propósito será impulsar ajustes específicos o promover una transformación de mayor profundidad.
Para el mandatario, este asunto también puede convertirse en una prueba temprana de gobernabilidad. Una iniciativa que busque endurecer sanciones o alterar elementos centrales del sistema necesitaría respaldo político suficiente y abriría una discusión con sectores defensores de la justicia transicional. Excombatientes, integrantes de la fuerza pública y miles de víctimas quedarían directamente vinculados a cualquier modificación.
La JEP, mientras tanto, continúa operando y el Gobierno no ha anunciado medidas inmediatas para intervenirla. Esa distancia entre el discurso presidencial y las herramientas jurídicas disponibles será determinante durante los próximos meses.
De la Espriella empieza así su administración intentando trasladar su concepción de seguridad y justicia a una estructura protegida constitucionalmente. La forma como gestione esa tensión permitirá medir hasta dónde puede convertir sus compromisos electorales en reformas sin provocar una confrontación institucional alrededor de uno de los componentes centrales del Acuerdo de Paz.
