Bogotá, 8 de agosto de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta la cárcel de La Picaleña, en Ibagué. La decisión coincidió con movimientos de otros 103 internos y fue presentada como parte de una revisión de posibles privilegios dentro de los centros de reclusión.
Que la medida haya sido ejecutada el mismo día de la posesión le otorga una dimensión política adicional. El nuevo mandatario comienza a trasladar al ejercicio gubernamental uno de los mensajes centrales de su campaña, basado en autoridad, cumplimiento de las penas e igualdad ante la ley. La notoriedad pública de «Epa» amplifica esa señal y facilita que una decisión administrativa alcance impacto nacional.
El alcance de esa política dependerá, sin embargo, de que las actuaciones posteriores mantengan criterios uniformes. Concentrarse en reclusos ampliamente reconocidos puede generar respaldo inmediato, aunque la credibilidad del planteamiento estará determinada por su aplicación al conjunto del sistema penitenciario y por la capacidad del INPEC para corregir irregularidades sin afectar las garantías de las personas privadas de la libertad.
La movilización simultánea de más de un centenar de internos indica que el Ejecutivo busca presentar el episodio como parte de una intervención de mayor amplitud. Los siguientes movimientos permitirán establecer si se trata del comienzo de cambios sostenidos en las condiciones de reclusión o de acciones concentradas en casos de fuerte exposición mediática.
Para De La Espriella, las cárceles aparecen así como uno de los primeros escenarios donde pretende diferenciar su administración. El resultado político dependerá de que el mensaje inicial se traduzca en reglas consistentes frente a problemas estructurales como corrupción, hacinamiento y tratamientos diferenciados.
