Bogotá, 7 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la Nación remitió una compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que determine si existen méritos para investigar al presidente Gustavo Petro por dos asuntos relacionados con la muerte de Kevin Acosta. Uno corresponde a la eventual responsabilidad derivada de la intervención de Nueva EPS y el otro a la divulgación pública de apartes de la historia clínica del menor. La decisión no implica una investigación formal ni una imputación, sino la apertura de una evaluación por parte del órgano competente.
El mayor efecto político del expediente consiste en trasladar el centro de la discusión desde la gestión administrativa del sistema de salud hacia el nivel de responsabilidad del jefe de Estado. Hasta ahora, el debate se concentraba en las consecuencias de la intervención sobre la continuidad de tratamientos para pacientes de alto costo. La actuación de la Fiscalía incorpora una dimensión distinta al plantear que la Comisión examine si la condición institucional del presidente frente a una entidad intervenida generaba deberes jurídicos que ameritan revisión. Esa lectura amplía el alcance del caso y convierte una controversia sobre prestación del servicio en un examen sobre los límites de la responsabilidad presidencial.
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La segunda línea del expediente introduce un riesgo independiente para el Gobierno. La difusión de información clínica protegida deja de ser un episodio accesorio de la controversia sanitaria para convertirse en un asunto con implicaciones propias. La reserva legal de las historias clínicas, reforzada por tratarse de un menor de edad, sitúa el debate en el terreno de la protección de datos personales y del uso de información sensible dentro de la comunicación oficial. Aunque todavía no existe una decisión sobre responsabilidades, la investigación podría avanzar por esta vía incluso si el análisis sobre la atención médica sigue otro curso procesal.
También cambia la posición de los actores involucrados. La familia del menor, que desde meses atrás impulsaba acciones judiciales, encuentra un escenario institucional donde sus denuncias adquieren una nueva dimensión. Paralelamente, la Fiscalía anunció que continuará las investigaciones sobre la cadena de atención de Nueva EPS y las instituciones médicas vinculadas al caso, lo que mantiene abiertas dos rutas que podrían avanzar con ritmos y resultados distintos. Esa separación reduce la posibilidad de que un solo desenlace absorba toda la controversia.
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Los próximos movimientos de la Comisión de Acusación tendrán un peso político superior al estrictamente procesal. Si el órgano decide profundizar la evaluación, la discusión sobre la intervención estatal en el sistema de salud podría extenderse hacia la definición de los deberes de control que asume un presidente cuando el Gobierno interviene entidades responsables de servicios esenciales.
Si, por el contrario, concluye que no existen méritos suficientes, el foco volverá a las responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron directamente en la atención del menor. Cualquiera de esos caminos influirá en la manera como futuras intervenciones estatales serán evaluadas, tanto por sus resultados administrativos como por las obligaciones políticas e institucionales que generan para quienes las ordenan o respaldan.
