Bogotá, 6 de agosto de 2026. El partido En Marcha confirmó que asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali y, al mismo tiempo, formalizará su declaración como fuerza de oposición ante el Senado y el Consejo Nacional Electoral. Juan Fernando Cristo presentó ambas decisiones como parte de una misma estrategia, asistir al acto por respeto al procedimiento institucional y ejercer control político desde una posición independiente frente al nuevo Ejecutivo.
La decisión trasciende el debate sobre la asistencia a la ceremonia. Lo relevante es que empieza a consolidarse una competencia por el liderazgo opositor desde aproximaciones distintas. Mientras el Pacto Histórico optó por desconocer políticamente el acto mediante convocatorias paralelas de desobediencia civil, En Marcha busca ocupar un espacio que combine reconocimiento de las reglas democráticas con una confrontación programática en el Congreso. Esa diferencia modifica la arquitectura del bloque que enfrentará al nuevo gobierno durante los próximos cuatro años.
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Ese movimiento también responde a la necesidad de construir una identidad propia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la colectividad acompañó buena parte de la agenda oficial y posteriormente impulsó una candidatura presidencial diferenciada. Ahora intenta evitar que toda la centroizquierda quede representada por una sola estrategia política. La definición de Cristo sugiere que el partido quiere convertirse en un referente para sectores que mantienen profundas diferencias con Abelardo de la Espriella, aunque consideran indispensable preservar los canales institucionales para ejercer oposición.
El énfasis sobre la implementación del Acuerdo de Paz anticipa, además, el principal frente de confrontación legislativa. Cristo ya había cuestionado anuncios relacionados con cambios en la arquitectura estatal creada para desarrollar ese compromiso. Si el nuevo Ejecutivo impulsa reformas orientadas a modificar esas entidades, es previsible que En Marcha concentre allí buena parte de su actividad parlamentaria, intentando articular alianzas con otras bancadas alrededor de asuntos específicos y no necesariamente sobre toda la agenda gubernamental.
La asistencia a la posesión también reduce el riesgo de que la discusión política inicial quede atrapada en debates sobre legitimidad institucional. Al reconocer el acto oficial y separar ese reconocimiento de su desacuerdo con las futuras decisiones del Ejecutivo, la colectividad establece una línea que podría facilitar interlocuciones puntuales sin renunciar a ejercer control político. Esa combinación amplía su margen de maniobra frente a un escenario donde las mayorías legislativas todavía están en proceso de consolidación.
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El comportamiento de la oposición durante las primeras semanas del nuevo mandato ofrecerá señales sobre la reorganización del sistema político. Si la distancia entre el Pacto Histórico y En Marcha se profundiza, el país podría entrar en un ciclo con varias oposiciones compitiendo entre sí por representar el descontento ciudadano y por influir sobre la agenda pública. Ese reordenamiento tendría efectos que van más allá de la relación con el Gobierno, porque también empezará a perfilar los liderazgos, las alianzas y las disputas que marcarán el siguiente ciclo electoral.
