Bogotá, 22 de julio de 2026. El Gobierno de Gustavo Petro cerró su etapa legislativa con la radicación de ocho proyectos que buscan mantener vigente la agenda de transformaciones impulsada desde 2022. La estrategia no se limitó a presentar un paquete de iniciativas. Cada reforma fue entregada por el ministro o funcionario responsible de su implementación durante el cuatrienio, una decisión que proyecta la imagen de un gabinete que intenta convertir su gestión en plataforma para la oposición que ejercerá el Pacto Histórico desde el Congreso.
La pieza con mayor impacto político y fiscal fue la nueva reforma tributaria, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto con el director de la DIAN. La propuesta busca recaudar cerca de 21,9 billones de pesos en 2027 mediante ajustes al IVA sobre combustibles, compras digitales, juegos de azar, licores y cigarrillos, entre otras medidas. El mensaje trasciende el recaudo. El Gobierno deja planteada una discusión sobre cómo financiar el gasto social y obliga a la nueva administración a definir si desmonta ese esquema o construye una alternativa con el mismo alcance.
La reforma al sistema de salud fue radicada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien insistió durante los últimos meses en preservar el modelo de atención preventiva y fortalecer el papel del Estado. Aunque iniciativas similares encontraron fuertes resistencias durante el mandato, su nueva presentación mantiene abierto uno de los debates más sensibles de la política pública y preserva una de las principales banderas del petrismo.
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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, encabezó la radicación del nuevo Estatuto del Trabajo. La iniciativa incorpora principios constitucionales para las relaciones laborales, desarrolla la figura del Salario vital, regula el uso de inteligencia artificial en decisiones sobre trabajadores y endurece las restricciones contra la tercerización ilegal. Con ello, el Ejecutivo traslada al siguiente periodo legislativo una discusión sobre el modelo laboral que seguirá enfrentando a sindicatos, empresarios y partidos políticos.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó la reforma que reconoce la educación superior como un derecho y redefine las obligaciones del Estado frente al acceso universitario. La iniciativa conecta con uno de los compromisos programáticos del gobierno saliente y busca mantener vigente el debate sobre el alcance de la financiación pública para ese sector.
El Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, radicó la ley que Prohíbe El Fracking y fortalece la transición energética. Su presentación confirma que la política ambiental seguirá siendo un eje de diferenciación entre el petrismo y el gobierno entrante, especialmente frente al futuro de la exploración de hidrocarburos.
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La jurisdicción agraria fue respaldada por el Ministerio de Justicia, con la ministra encargada Cielo Rusinque como principal vocera durante la radicación del proyecto que desarrolla el procedimiento de esa jurisdicción especializada. La iniciativa busca hacer operativa una figura ya incorporada a la Constitución para resolver conflictos sobre la propiedad y el uso de la tierra. Su presentación mantiene vigente uno de los ejes de la reforma rural impulsada por el Gobierno y deja al próximo Congreso la decisión sobre una herramienta con implicaciones para la política agraria, la seguridad jurídica en el campo y la implementación de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz.
Más que aumentar las probabilidades de aprobación inmediata, la distribución de las radicaciones entre los distintos integrantes del gabinete convierte cada cartera en custodio de una parte del legado político del gobierno saliente. Esa decisión deja al Congreso como el escenario donde comenzará la disputa entre el programa que concluye y el proyecto político que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.
