Bogotá, 18 de julio de 2026. El senador Iván Cepeda confirmó que no asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y anunció que ejercerá desobediencia civil mientras asume su curul en el Senado. Al mismo tiempo, ratificó que encabezará una oposición sustentada en control político, acciones judiciales, movilización pacífica y mecanismos de no cooperación, al considerar que el nuevo mandatario carece de legitimidad política y ética, aunque reconoce la validez formal del resultado electoral.
La decisión marca un cambio en la forma como el Pacto Histórico busca enfrentar el comienzo del nuevo gobierno. La ausencia en la ceremonia tiene un peso simbólico limitado sobre la transición institucional, que seguirá su curso, pero adquiere relevancia porque acompaña una narrativa que diferencia entre legalidad y legitimidad. Esa distinción permite a Cepeda reconocer el desenlace electoral sin conceder respaldo político al proyecto que encabezará De la Espriella. Desde esa lógica, la confrontación deja de concentrarse exclusivamente en el Congreso y se amplía hacia los escenarios judiciales y la movilización ciudadana.
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También aparece una redefinición del papel de la oposición. Cepeda no plantea retirarse de las instituciones. Por el contrario, reivindica su condición de senador mientras anuncia formas de resistencia por fuera del debate parlamentario. Esa combinación abre un terreno poco explorado en la política colombiana reciente, donde un dirigente con responsabilidades constitucionales promueve acciones de desobediencia civil dentro de los límites que, según ha señalado, deben mantenerse en la protesta pacífica. El alcance práctico de esa estrategia dependerá de cómo se traduzca en iniciativas concretas y de la respuesta que adopten las autoridades.
Para el gobierno entrante, este escenario también genera oportunidades políticas. La narrativa de una izquierda que cuestiona la legitimidad del Ejecutivo desde el primer día puede fortalecer el discurso de quienes sostienen que la oposición busca desconocer el mandato popular. Si esa interpretación logra consolidarse entre sus simpatizantes, el nuevo presidente encontraría mayores incentivos para respaldar políticas de seguridad más estrictas y justificar decisiones orientadas a preservar el orden público frente a eventuales movilizaciones.
La discusión también traslada el centro del debate hacia la interpretación constitucional de la desobediencia civil cuando quien la impulsa ejerce funciones públicas. Ese será uno de los principales focos de tensión durante los primeros meses del mandato, porque obligará a precisar hasta dónde llegan los derechos de protesta y de oposición sin afectar el funcionamiento de las instituciones. Cualquier definición que surja desde las altas cortes o desde el propio Congreso tendrá efectos que irán más allá de esta coyuntura.
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Lo que comienza a perfilarse no es únicamente una confrontación entre gobierno y oposición. También se configura una competencia por definir cuál será el marco de legitimidad desde el que se desarrollará el próximo ciclo político. La capacidad de cada bloque para imponer ese relato influirá en la gobernabilidad, en el comportamiento de la protesta social y en el margen de maniobra con el que iniciará la nueva administración.
