Bogotá, 16 de julio de 2026. La reducción definitiva de la jornada máxima ordinaria a 42 horas semanales entró en vigor para los trabajadores cobijados por el Código Sustantivo del Trabajo, culminando el calendario gradual fijado por la Ley 2101 de 2021. El cambio mantiene intactos los salarios y las prestaciones, pero obliga a empleadores y trabajadores a reorganizar horarios, turnos y procesos bajo un nuevo límite legal.
Con el cierre de este proceso legislativo termina una discusión centrada en el número de horas permitidas y comienza otra mucho más compleja, relacionada con la capacidad de las organizaciones para producir los mismos resultados con menos tiempo disponible. La modificación deja de ser un ajuste normativo para convertirse en una prueba sobre la eficiencia del aparato productivo colombiano.
Las empresas que anticiparon cambios tecnológicos, revisaron sus esquemas operativos y adoptaron modelos de gestión por resultados llegan a esta etapa con mayor margen de adaptación. Otras afrontan el riesgo de trasladar la presión a jornadas más intensas, mayores costos por recargos o conflictos laborales derivados de una implementación deficiente.
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También cambia el terreno de la discusión política. Durante los últimos años el énfasis estuvo en aprobar y ejecutar la reducción gradual. A partir de ahora, la atención recaerá sobre sus efectos medibles en productividad, empleo formal, inspección laboral y competitividad. Ese desplazamiento abre un nuevo espacio para que gobiernos, gremios y sindicatos intenten validar sus argumentos con resultados concretos, más que con posiciones ideológicas. Si la economía absorbe el ajuste sin deterioro significativo en el empleo, la medida ganará legitimidad institucional. Si aparecen dificultades sostenidas en determinados sectores, aumentarán las presiones para introducir nuevas flexibilidades regulatorias.
El comportamiento empresarial será el factor que definirá buena parte del impacto. Diversos análisis muestran que las organizaciones que rediseñaron procesos antes de completar la transición lograron sostener o mejorar sus niveles de desempeño, mientras aquellas que conservaron los mismos modelos de operación registraron mayores dificultades. Esa diferencia puede ampliar la distancia entre compañías con capacidad de transformación tecnológica y aquellas cuya estructura depende de una mayor intensidad de trabajo presencial.
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Para el Estado también comienza una etapa distinta. La efectividad de la norma dependerá de la capacidad institucional para supervisar su cumplimiento y evitar que parte de la reducción termine compensándose mediante informalidad, tercerización o extensiones irregulares de la jornada. Ese componente será determinante para establecer si la reforma modifica realmente las condiciones laborales o si una parte de sus beneficios queda limitada al plano normativo.
Con la entrada en vigor de las 42 horas concluye una transición iniciada cinco años atrás, pero el verdadero examen apenas empieza. Lo que se medirá en adelante ya no será el cumplimiento de un calendario legal, sino la capacidad del mercado laboral colombiano para combinar mejores condiciones de trabajo con niveles sostenibles de productividad y crecimiento.
