Bogotá, 12 de julio de 2026. El Gobierno de Gustavo Petro radicará el 20 de julio un nuevo proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. Será el cuarto intento del Ejecutivo por convertir esa promesa en una norma permanente y coincidirá con la instalación de un Congreso donde el Pacto Histórico ya perdió la condición de fuerza de gobierno, mientras el presidente electo, Abelardo de la Espriella, llega con una posición favorable a reactivar los proyectos piloto.
La iniciativa adquiere un significado distinto al de las radicaciones anteriores. Durante los últimos cuatro años, la discusión estuvo asociada a la capacidad del Ejecutivo para materializar uno de sus principales compromisos ambientales. Ahora, el centro del debate se desplaza hacia la relación entre un gobierno saliente que busca dejar un legado normativo y una nueva mayoría legislativa que tendrá incentivos para desmontar o bloquear parte de esa agenda. El proyecto deja de ser únicamente una discusión sobre hidrocarburos y pasa a medir la capacidad del Congreso para redefinir el rumbo energético del país desde el inicio de una nueva etapa política.
Ese cambio altera los incentivos de los actores involucrados. Para el petrismo, insistir en la prohibición permite consolidar una bandera programática incluso si el proyecto vuelve a fracasar. Un nuevo hundimiento reforzaría la narrativa de que existió resistencia política frente a una política ambiental que considera prioritaria. Para el gobierno entrante, impedir su aprobación facilitaría recuperar margen de maniobra sobre una herramienta que considera útil para fortalecer la oferta de gas, aunque los propios tiempos técnicos indiquen que cualquier desarrollo tardaría varios años en producir resultados.
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El debate también evidencia una transformación más amplia en la conversación energética. Hace pocos años la discusión giraba alrededor de los riesgos ambientales del fracturamiento hidráulico. Hoy comparte espacio con preocupaciones sobre abastecimiento, importaciones y caída de reservas. Esa coexistencia obliga a cualquier administración a responder simultáneamente a dos presiones distintas, la protección de ecosistemas y la seguridad del suministro, sin que exista una solución inmediata para ninguna de las dos.
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Las limitaciones temporales del propio fracking reducen el alcance práctico de la confrontación. Incluso si los pilotos fueran reactivados al comienzo del nuevo mandato, los efectos sobre producción comercial llegarían hacia la próxima década. Eso significa que la controversia tiene un peso político mucho mayor que su impacto inmediato sobre la disponibilidad de gas. La verdadera discusión consiste en definir qué instrumentos conservará el Estado para enfrentar escenarios futuros y qué límites quedarán fijados por ley antes de que cambien nuevamente las mayorías.
El resultado del trámite legislativo enviará una señal sobre algo más amplio que la política energética. Mostrará hasta dónde un gobierno que termina su mandato conserva capacidad para condicionar las decisiones de quien comienza y hasta qué punto la nueva correlación de fuerzas en el Congreso está dispuesta a desmontar, preservar o moderar las principales apuestas regulatorias del ciclo político que concluye.
