Bogotá, 12 de julio de 2026. La nueva ofensiva discursiva de Gustavo Petro contra las EPS coincide con el deterioro financiero de Nueva EPS y con el fracaso de su reforma sanitaria en el Congreso. A pocas semanas de dejar la Presidencia, el mandatario volvió a defender la eliminación de la intermediación financiera privada, presentó el caso de la mayor EPS del país como evidencia del agotamiento del modelo vigente y reivindicó la propuesta que no logró respaldo legislativo.
El momento elegido modifica el alcance político de sus declaraciones. Durante buena parte del mandato, la discusión giró alrededor de un proyecto de ley que buscaba reorganizar el sistema. Tras el archivo de esa iniciativa en dos oportunidades, el escenario cambió. El debate dejó de concentrarse en la viabilidad de una reforma específica y pasó a disputarse alrededor de la interpretación de la crisis. Petro busca consolidar la idea de que el deterioro financiero de Nueva EPS confirma el diagnóstico que sostuvo durante cuatro años, mientras sus contradictores continúan atribuyendo buena parte de la incertidumbre a las decisiones adoptadas por su propio gobierno.
La situación de Nueva EPS fortalece esa confrontación porque trasciende la discusión ideológica. Las pérdidas acumuladas, el volumen de las obligaciones con prestadores y las advertencias de la Contraloría convierten el caso en un problema de sostenibilidad institucional que ningún gobierno podrá ignorar. Aunque las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales, la dimensión de las cifras aumenta la presión para revisar los mecanismos de administración de los recursos públicos destinados a la salud, incluso entre sectores que rechazan desmontar el esquema actual.
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Las referencias de Petro al Congreso también proyectan una narrativa con efectos posteriores a su salida del poder. Al insistir en que el Legislativo impidió una transición ordenada, instala un marco político que puede convertirse en uno de los principales argumentos de la oposición que ejercerá el Pacto Histórico frente al nuevo gobierno. Esa lectura desplaza el eje de la discusión desde la conveniencia de la reforma hacia la responsabilidad de quienes bloquearon su aprobación y prepara el terreno para futuras disputas sobre legitimidad política y capacidad institucional.
La ausencia de una respuesta detallada del presidente electo Abelardo de la Espriella introduce un espacio de incertidumbre. Su administración heredará un sistema bajo presión financiera y con investigaciones abiertas que limitarán el margen para regresar simplemente al esquema anterior. Cualquier decisión deberá responder simultáneamente a las exigencias de estabilidad para millones de afiliados y a la necesidad de corregir fallas que organismos de control vienen documentando desde hace varios años.
Lo que comienza a configurarse tras esta nueva intervención presidencial trasciende el cierre de un gobierno. El debate sobre las EPS dejó de depender exclusivamente de una reforma legislativa y pasó a girar alrededor de la capacidad del Estado, de los operadores privados y de las instituciones de control para demostrar cuál modelo ofrece mayores garantías de sostenibilidad, transparencia y continuidad en la atención. Esa discusión seguirá condicionando la agenda sanitaria y política del próximo cuatrienio, cualquiera que sea el camino que adopte la nueva administración.
