Bogotá, 11 de julio de 2026. La Defensoría del Pueblo pidió al gobierno electo de Abelardo de la Espriella mantener a las víctimas del conflicto armado como eje de sus decisiones en paz, seguridad y política social. El llamado de la entidad se produjo mientras la nueva administración anuncia cambios frente a la Paz Total y una orientación centrada en seguridad y persecución de grupos armados.
El pronunciamiento de Iris Marín Ortiz instala una primera discusión sobre el alcance del giro político que prepara el próximo gobierno. La Defensoría no interviene en el diseño de la estrategia de seguridad, pero sí fija un marco institucional sobre los límites que cualquier modificación de la política de paz deberá considerar, especialmente frente a los derechos adquiridos por quienes han sufrido la violencia.
Lea también: La jugada simbólica de De la Espriella para erradicar el protocolo civil y priorizar la agenda de defensa
La tensión principal estará en la forma como De la Espriella articule dos demandas que tienen respaldo social. Por un lado, existe presión para recuperar capacidad estatal frente a organizaciones armadas y estructuras criminales. Por otro, permanecen compromisos derivados del Acuerdo de Paz y del sistema de atención a víctimas que tienen soporte constitucional e internacional. La forma de resolver esa relación definirá buena parte de la identidad del nuevo gobierno en materia de orden público.
Para la Defensoría, el punto central es evitar que un cambio de enfoque en seguridad reduzca el espacio de los mecanismos de verdad, reparación y no repetición. Su capacidad de incidencia dependerá de cómo transforme ese planteamiento en seguimiento institucional, informes técnicos y acompañamiento territorial, más que en una disputa pública con el Ejecutivo.
El gobierno entrante tendrá incentivos para mostrar resultados rápidos en seguridad, especialmente después de haber construido parte de su narrativa electoral alrededor del cuestionamiento a la política de Paz Total. Sin embargo, cualquier decisión sobre la JEP, la Unidad de Búsqueda, la reparación de víctimas o las curules de paz tendrá efectos políticos que exceden el corto plazo y pueden modificar su relación con sectores sociales, organismos internacionales y entidades de control.
Podría interesarle: El mensaje de Sheinbaum desmarca a México de la resistencia narrativa de los aliados regionales
La respuesta que adopte la nueva administración frente al documento de “Decisiones impostergables” será una señal temprana sobre su disposición a mantener espacios de continuidad institucional. Una aceptación parcial podría abrir una fórmula de coexistencia entre seguridad y justicia transicional. Un distanciamiento mayor podría convertir a la Defensoría y a las organizaciones de víctimas en actores de vigilancia permanente durante el nuevo periodo presidencial.
El próximo ciclo político comenzará con una disputa menos visible que la confrontación electoral, pero con consecuencias profundas. La capacidad del gobierno de De la Espriella para redefinir la política de paz sin perder legitimidad institucional dependerá de cómo administre la relación entre autoridad estatal, seguridad y obligaciones pendientes con quienes siguen esperando respuestas del Estado.
