Bogotá, 9 de julio de 2026. El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, afirmó que el gobierno de Abelardo de la Espriella no impulsará la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz ni promoverá la fusión del Ministerio de Justicia con el del Interior. Sus declaraciones introducen un matiz frente a la retórica utilizada durante la campaña presidencial y fijan una primera señal sobre la forma en que el nuevo Ejecutivo buscará relacionarse con una de las instituciones más sensibles derivadas del Acuerdo de Paz.
El ajuste discursivo tiene implicaciones que trascienden la JEP. Durante la campaña, Abelardo convirtió la jurisdicción en uno de los símbolos de su crítica al proceso de paz, con promesas orientadas a suprimirla y a eliminar el gasto público asociado a su funcionamiento. La intervención de Cancino en Caracol Radio sugiere que el ejercicio del poder obliga a distinguir entre los mensajes dirigidos al electorado y las decisiones compatibles con los límites constitucionales e internacionales que enfrenta cualquier administración. Esa diferencia reduce el riesgo de un choque institucional inmediato y proyecta una estrategia con mayor margen de maniobra política.
Lea también: El nuevo ejecutivo agiliza el armado de su gabinete para blindar el arranque de la gestión presidencial
La señal también reorganiza las expectativas de distintos actores. Para quienes respaldan el Acuerdo de Paz, la continuidad de la jurisdicción disminuye la incertidumbre sobre una eventual ruptura institucional. Al mismo tiempo, la insistencia del futuro ministro en exigir resultados más visibles, especialmente frente a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, mantiene abierta una presión política permanente sobre el tribunal. La discusión deja de concentrarse en su existencia y comienza a desplazarse hacia su legitimidad, su eficacia y el cumplimiento de sus objetivos.
Ese cambio de enfoque puede modificar la relación entre el Ejecutivo y la justicia transicional durante los próximos años. Sin promover una reforma para desmontar la jurisdicción, el gobierno dispone de herramientas para influir sobre el debate público mediante la formulación de la política criminal, la discusión presupuestal y las prioridades que impulse desde el Ministerio de Justicia. Ninguna de esas decisiones implica alterar la autonomía judicial, aunque sí puede afectar el entorno político en el que opera esa institución.
La moderación expresada por Cancino también cumple una función hacia el exterior. La JEP constituye uno de los pilares del Acuerdo de Paz y mantiene seguimiento constante de organismos internacionales. Un intento inmediato por desmantelarla habría elevado la confrontación con actores nacionales y externos desde el inicio del mandato. Una estrategia de diálogo, acompañada de exigencias sobre resultados y eficiencia, reduce ese costo político sin abandonar las críticas que caracterizaron el discurso del presidente electo.
Podría interesarle: El llamado a la cordura de Fajardo expone la fragilidad de la gobernabilidad democrática frente a la polarización
Todavía es prematuro concluir que el nuevo gobierno haya modificado de fondo su posición frente a la justicia transicional. Hasta ahora existen declaraciones, pero no proyectos normativos que permitan medir el alcance de esa nueva línea. Lo que sí empieza a consolidarse es una forma distinta de disputar ese escenario. El centro de la discusión deja de ser la supervivencia de la JEP y pasa a ser la capacidad del Ejecutivo para condicionar el debate político alrededor de su desempeño, un terreno donde los efectos pueden resultar igual de relevantes para el futuro institucional del país.
