Bogotá, 8 de julio de 2026. El senador Iván Cepeda afirmó que «se está configurando un gobierno paramilitar» al referirse a tres anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Ciudadana, el restablecimiento del Esmad y la construcción de megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño. La respuesta marca el inicio de una confrontación política que trasciende las medidas anunciadas y anticipa una disputa sobre los límites del ejercicio del poder en materia de seguridad.
La expresión utilizada por Cepeda eleva el debate desde la conveniencia de unas políticas públicas hacia la legitimidad del proyecto gubernamental. Al emplear una categoría con un profundo peso histórico en Colombia, la oposición comienza a construir un marco interpretativo que busca asociar las futuras decisiones del Ejecutivo con experiencias que el país relaciona con violaciones de derechos humanos y con la expansión de estructuras armadas al margen de la institucionalidad. Esa narrativa probablemente acompañará cada iniciativa del nuevo gobierno en esta materia.
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Al mismo tiempo, Abelardo de la Espriella parece decidido a consolidar una identidad política sustentada en la promesa de recuperar el control territorial mediante instrumentos de alta capacidad coercitiva. Sus anuncios responden a una demanda ciudadana persistente por mayores niveles de seguridad frente al crecimiento de la extorsión, los homicidios y otras formas de criminalidad. Ese respaldo potencial convierte el tema en uno de los principales activos políticos del nuevo gobierno, aunque también amplía el espacio para el escrutinio judicial e internacional.
La controversia también desplaza el escenario de confrontación hacia las instituciones. Mientras el Ejecutivo prepara decretos y reformas para poner en marcha sus propuestas, es previsible que sectores de oposición, organizaciones defensoras de derechos humanos y distintos actores jurídicos recurran a acciones ante la jurisdicción constitucional y organismos internacionales para cuestionar su alcance. El debate dejará de concentrarse únicamente en la eficacia de las medidas y pasará a examinar su compatibilidad con el Estado de derecho.
Buena parte de esa discusión dependerá de aspectos que aún permanecen abiertos. La composición del Bloque de Defensa, sus mecanismos de control, la eventual participación de reservistas, el alcance del restablecimiento del Esmad y el diseño definitivo del sistema penitenciario serán determinantes para establecer si las advertencias formuladas por Cepeda encuentran respaldo en las decisiones concretas del gobierno o si terminan siendo una estrategia política para disputar el relato sobre la seguridad.
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El nuevo ciclo político comienza así con una disputa que difícilmente perderá protagonismo. La administración de Abelardo buscará medir su capacidad de respuesta frente al crimen mediante resultados operativos, mientras la oposición intentará convertir cada decisión en una prueba sobre los límites democráticos del uso de la fuerza. Esa tensión puede convertirse en uno de los principales factores que definan la estabilidad institucional y la conversación política durante los primeros años del nuevo mandato.
