Bogotá, 6 de julio de 2026. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que uno de los primeros actos de su gobierno será desmontar la política de Paz Total y solicitar la reactivación de las órdenes de captura suspendidas durante esos procesos. Al mismo tiempo, reiteró que las organizaciones ilegales tienen hasta el inicio de su mandato para acogerse al sometimiento previsto en la legislación vigente, sin nuevos incentivos ni esquemas extraordinarios.
El anuncio consolida una modificación de la estrategia estatal frente a los grupos armados y las organizaciones criminales. Durante los últimos años, la prioridad estuvo orientada a crear espacios de negociación para reducir la confrontación y facilitar procesos de diálogo. La nueva administración plantea una lógica distinta, donde la presión judicial y operativa vuelve a ocupar el centro de la política de seguridad y el sometimiento queda como la única alternativa institucional disponible.
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Ese cambio altera los incentivos que enfrentan las estructuras ilegales. Mientras algunas podrían acelerar decisiones de entrega para aprovechar el marco jurídico existente, otras tendrán razones para reorganizarse, fragmentarse o fortalecer mecanismos de protección territorial antes del cambio de gobierno. La respuesta difícilmente será uniforme. Cada organización evaluará su capacidad militar, sus fuentes de financiación y el nivel de presión estatal antes de definir su comportamiento.
La referencia a la intención de sometimiento expresada por los cabecillas de Los Pepes introduce una señal relevante. Aunque se trata de un caso puntual, demuestra que el ultimátum puede producir movimientos anticipados incluso antes del inicio formal del nuevo gobierno. Si aparecen decisiones similares en otras regiones, la administración entrante buscará presentar esos resultados como evidencia de que la amenaza de reactivar plenamente la persecución judicial modifica el cálculo estratégico de las organizaciones criminales.
La implementación será el verdadero punto de prueba. La reactivación de órdenes de captura depende de actuaciones de la Fiscalía y de decisiones ajustadas al marco jurídico vigente, por lo que el Ejecutivo necesitará coordinación institucional para traducir el discurso político en resultados operativos. Ese proceso también pondrá a prueba la capacidad de las Fuerzas Militares y de la Policía para ejecutar una estrategia simultánea de captura, persecución y recepción de sometimientos sin generar contradicciones entre ambas líneas de acción.
El mayor desafío aparecerá en los territorios donde los procesos de diálogo habían reducido parcialmente la confrontación. Allí existe la posibilidad de que algunos actores respondan con mayor violencia mientras otros optan por entregarse. El comportamiento de las economías ilegales, el control sobre corredores estratégicos y la reacción de las autoridades locales determinarán si el cambio fortalece la capacidad del Estado o abre nuevos focos de inestabilidad durante la transición.
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El anuncio también redefine el debate político sobre la seguridad para los próximos años. La discusión dejará de concentrarse en la conveniencia de negociar con organizaciones armadas y pasará a medir la capacidad del nuevo modelo para producir resultados sostenibles. Si el Estado logra combinar presión judicial con sometimientos efectivos, el cambio adquirirá legitimidad. Si predominan el incremento de la confrontación o las dificultades institucionales para ejecutar la estrategia, volverán las presiones para replantear el equilibrio entre coerción y mecanismos de desmovilización.
