Bogotá/Washington, 4 de julio de 2026. A pocas semanas de concluir su mandato, Gustavo Petro sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump en la que solicitó respaldo para lograr que él y su familia sean retirados de la lista OFAC. Durante el diálogo también pidió apoyo para mantener la financiación de programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca y expresó su preocupación por el riesgo de violencia política durante la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La conversación muestra un cambio relevante en la posición estratégica del presidente saliente. Durante buena parte de su administración, la relación con Washington estuvo marcada por confrontaciones alrededor de la política antidrogas, las cifras de producción de cocaína y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ahora, el propio mandatario acude al jefe de la Casa Blanca para solicitar una gestión que condiciona directamente su futuro personal y su capacidad de actuación después del 7 de agosto. Esa solicitud desplaza parte del escenario político colombiano hacia una decisión que dependerá de las instituciones estadounidenses y de la voluntad política de la administración Trump.
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También introduce un elemento novedoso en la transición presidencial. Petro no limitó la conversación a su situación frente a la OFAC. Vinculó la continuidad de los programas de sustitución de cultivos y la necesidad de reducir la confrontación política durante el cambio de gobierno. Esa combinación proyecta una intención de preservar algunas políticas impulsadas durante su administración y, al mismo tiempo, disminuir los costos de una transición marcada por una fuerte polarización. Que Trump haya manifestado disposición para conversar con Abelardo de la Espriella sobre esos asuntos sugiere una interlocución que trasciende el relevo presidencial y mantiene a Washington como un actor con capacidad de influir sobre la estabilidad política colombiana.
La eventual permanencia o salida de Petro del listado estadounidense tendrá implicaciones que superan el ámbito financiero. Si las sanciones continúan, su margen para ejercer liderazgo nacional e internacional podría permanecer restringido, con efectos sobre sus desplazamientos, relaciones institucionales y capacidad de articulación política. Si, por el contrario, el Departamento del Tesoro decide levantar las medidas, el exmandatario recuperaría condiciones para reorganizar su papel como principal figura de oposición sin cargar con un elemento que ha condicionado buena parte del debate sobre su legado.
Hasta ahora no existe una decisión formal de las autoridades estadounidenses y la promesa atribuida a Trump sigue siendo un compromiso político sin efectos jurídicos inmediatos. Esa diferencia resulta determinante para interpretar el momento. El desenlace dependerá de procedimientos institucionales que aún no se conocen y de la valoración que haga Washington sobre las razones que motivaron originalmente la inclusión en la lista.
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La llamada deja una señal política de mayor alcance. La etapa posterior al gobierno de Petro podría definirse tanto por la confrontación con la nueva administración colombiana como por las decisiones que adopte Estados Unidos sobre su futuro. Esa combinación incorpora un componente externo que puede ampliar o reducir el espacio desde el cual el exmandatario intentará reorganizar su liderazgo en los próximos años.
