Bogotá, 4 de julio de 2026. El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella prepara una reforma tributaria que concentraría la gestión de la DIAN en únicamente tres gravámenes, renta, IVA e IVA aplicado a las importaciones. La iniciativa busca reducir la complejidad del sistema y forma parte de un paquete económico que también contempla disminuir la carga impositiva, recortar el tamaño del Estado y replantear el manejo de la deuda pública. Hasta ahora no existe un articulado oficial, por lo que el alcance definitivo del proyecto permanece abierto.
La propuesta trasciende el debate sobre cuántos tributos recauda la administración tributaria. En entrevista con Portafolio, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, explicó que el propósito es simplificar el sistema para concentrar la gestión de la DIAN en tres gravámenes principales. Esa declaración muestra que el nuevo gobierno busca cambiar el criterio con el que pretende relacionarse con contribuyentes, empresarios y mercados. Durante años, las reformas fiscales en Colombia se concentraron en modificar tarifas, crear nuevos gravámenes o ampliar bases. Ahora el mensaje apunta a reorganizar la arquitectura del sistema, presentando la simplicidad como un activo económico y político orientado a recuperar confianza en la política fiscal.
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Ese cambio también reorganiza los incentivos dentro del Congreso. Una iniciativa construida alrededor de la reducción de cargas puede encontrar respaldo entre sectores empresariales y parte de la opinión pública, especialmente por el rechazo histórico al 4×1000 y a la proliferación de obligaciones tributarias. Sin embargo, ese mismo respaldo dependerá de la capacidad del Ministerio de Hacienda para demostrar que la reorganización preserva ingresos suficientes para cumplir las obligaciones del Estado. Sin esa evidencia, la discusión dejará de centrarse en la eficiencia administrativa y migrará rápidamente hacia la estabilidad de las finanzas públicas.
La ausencia del texto definitivo amplía el margen para distintas interpretaciones. Una posibilidad es que el proyecto conserve el recaudo mediante una combinación de mayor eficiencia tecnológica, ampliación de la base de contribuyentes y reducción de la evasión. Otra contempla que varias figuras desaparezcan formalmente, aunque sus funciones sean absorbidas por otros mecanismos. También es posible que el anuncio opere como punto de partida para una negociación legislativa que termine moderando el alcance de la simplificación inicial.
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Las reacciones de calificadoras, organismos multilaterales e inversionistas probablemente dependerán menos del número final de impuestos que de la consistencia entre el nuevo esquema, las proyecciones fiscales y la estrategia de financiamiento del gobierno. Ese será el indicador que definirá si la reforma fortalece la credibilidad económica o incrementa la percepción de riesgo sobre la capacidad del Estado para sostener sus compromisos.
La discusión que comienza no enfrenta únicamente dos modelos tributarios. También pondrá a prueba la viabilidad política de un gobierno que llegó con la promesa de reducir impuestos mientras mantiene la estabilidad fiscal. La forma como logre conciliar ambos objetivos puede convertirse en uno de los principales referentes para evaluar su capacidad de ejecutar transformaciones estructurales durante el cuatrienio.
