Bogotá, 2 de julio de 2026. Medicina Legal confirmó que 2025 cerró con 14.780 homicidios, la cifra más alta de la última década. El registro consolida una trayectoria ascendente iniciada en 2022, con una breve reducción en 2024 antes del repunte del último año. Al mismo tiempo, la tasa nacional pasó de 25,3 a 25,8 por cada 100.000 habitantes, lo que indica que el incremento también se refleja en términos relativos y no únicamente por crecimiento poblacional.
La importancia política de estos datos trasciende el volumen de víctimas. El balance de la seguridad deja de medirse por resultados parciales o reducciones temporales y pasa a evaluarse por el comportamiento acumulado del periodo presidencial. Durante buena parte del mandato, el Gobierno defendió indicadores específicos, como disminuciones en determinados meses o el aumento de municipios sin asesinatos. Sin embargo, el consolidado anual divulgado por Medicina Legal modifica el punto de referencia desde el cual se juzgará la estrategia de seguridad implementada durante estos cuatro años.
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También cambia la discusión sobre la Paz Total. Aunque esa política buscó reducir la confrontación mediante negociaciones y ceses al fuego con distintos grupos armados, las cifras muestran que la violencia letal no siguió una trayectoria descendente. Esa diferencia entre los objetivos de la política y los resultados registrados fortalece las posiciones que exigen revisar el equilibrio entre diálogo, control territorial y capacidad coercitiva del Estado. La discusión deja de concentrarse en la viabilidad de las negociaciones y comienza a desplazarse hacia las condiciones bajo las cuales pueden producir efectos sostenibles sobre la violencia.
Otro elemento que adquiere relevancia es la disputa por la credibilidad de las estadísticas oficiales. Medicina Legal sustenta sus registros en necropsias, mientras otras entidades reportan cifras inferiores con metodologías distintas. Esa diferencia alimenta cuestionamientos sobre cuáles indicadores deben orientar la formulación de política pública y amplía el margen para que distintos sectores construyan narrativas opuestas sobre un mismo periodo de gobierno. La discusión ya no se limita al comportamiento del delito, sino también a la legitimidad de las fuentes utilizadas para evaluar los resultados estatales.
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Este panorama condiciona el margen de acción del gobierno de Abelardo de la Espriella. Las cifras heredadas elevan las expectativas sobre un cambio de enfoque y reducen el espacio para mantener sin ajustes las estrategias aplicadas durante el cuatrienio anterior. Un escenario plausible apunta hacia un fortalecimiento de las operaciones contra organizaciones criminales, combinado con instrumentos focalizados para contener las economías ilegales que impulsan buena parte de los asesinatos. El éxito de ese giro dependerá menos del discurso político que de su capacidad para modificar una dinámica que, según los datos oficiales, mostró un deterioro sostenido durante los últimos años.
