Bogotá, 1 de julio de 2026. La intervención de Ernesto Samper ocurre cuando la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella comienza a definirse por un intercambio de mensajes que elevan la confrontación. El expresidente pidió construir un Gran Acuerdo Nacional y rechazó tanto los llamados a un «empalme vengativo» como las apelaciones a la desobediencia civil, planteando la necesidad de priorizar espacios de convivencia entre quienes asumirán el poder y quienes ejercerán la oposición.
El alcance político de ese pronunciamiento supera el contenido inmediato del comunicado. Samper introduce una discusión sobre las reglas que deberían ordenar el cambio de gobierno antes de que la agenda pública quede absorbida por los conflictos propios del nuevo mandato. Su mensaje intenta desplazar la atención desde las respuestas emocionales de campaña hacia las condiciones mínimas que permitan preservar la estabilidad institucional durante los primeros meses de la nueva administración.
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La coyuntura también evidencia que la disputa ya no gira únicamente alrededor de las políticas que impulsará el próximo gobierno. Comienza a instalarse una competencia por definir qué formas de confrontación serán consideradas legítimas. Las referencias de Abelardo de la Espriella a revisar la actuación del gobierno anterior y las convocatorias de Iván Cepeda a una resistencia pacífica representan estrategias distintas para movilizar a sus respectivas bases. Al intervenir sobre ambos discursos al mismo tiempo, Samper procura evitar que la transición quede atrapada en una lógica de escalamiento político donde cada declaración obligue a una respuesta más contundente.
Eso no significa que exista un consenso en formación. Por ahora no aparecen señales de una iniciativa institucional que traduzca el llamado en una mesa de diálogo o en compromisos verificables. Tampoco hay respuestas públicas de los principales protagonistas que indiquen disposición para modificar el tono de la confrontación. El concepto de acuerdo nacional permanece como una propuesta política cuya viabilidad dependerá de la capacidad de reunir incentivos suficientemente atractivos para sectores con agendas profundamente divergentes.
También emerge una disputa por el significado del propio acuerdo. Para algunos actores podría representar un mecanismo que facilite la gobernabilidad durante un periodo de alta tensión institucional. Otros pueden interpretarlo como un intento de limitar la capacidad de oposición o de moderar un programa de gobierno construido precisamente sobre la promesa de ruptura con el pasado. Esa diferencia condicionará la recepción de cualquier convocatoria futura y determinará quién asume el costo político de aceptarla o rechazarla.
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El desarrollo de la transición dependerá cada vez más del lenguaje con el que gobierno y oposición administren sus diferencias. Si la confrontación continúa ocupando el centro de la conversación pública, aumentará la dificultad para construir acuerdos alrededor de los desafíos fiscales, de seguridad y de gobernabilidad que enfrentará el país. Si, por el contrario, algunos sectores logran establecer reglas mínimas de relacionamiento institucional, el cambio de gobierno podría reducir los riesgos de una polarización que hoy amenaza con extenderse desde el debate político hacia el funcionamiento mismo de las instituciones.
