Bogotá, 30 de junio de 2026. El Clan del Golfo, que se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia, pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella mantener abiertos los canales iniciados durante el gobierno de Gustavo Petro y explorar un eventual sometimiento a la justicia. La comunicación llega después de que el mandatario electo reiterara que no negociará políticamente con organizaciones armadas ilegales y que su administración privilegiará el sometimiento al Estado de Derecho.
La carta representa un movimiento estratégico porque desplaza el centro de la discusión. La organización evita confrontar de manera directa la negativa del nuevo mandatario y concentra su mensaje en las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a desmovilizarse. Al insistir en garantías jurídicas, protección para sus integrantes, seguridad para las comunidades y mecanismos que impidan la ocupación de los territorios por otros actores ilegales, intenta transformar un rechazo a la negociación política en una conversación sobre los instrumentos para ejecutar un eventual sometimiento.
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Esa diferencia adquiere relevancia para el gobierno entrante. Abelardo de la Espriella construyó buena parte de su propuesta de seguridad alrededor de una ruptura con la Paz Total y de un discurso basado en el fortalecimiento de la autoridad estatal. Cualquier apertura que pueda interpretarse como continuidad del modelo anterior podría generar costos frente a los sectores que respaldaron su promesa de mano dura. Al mismo tiempo, una negativa absoluta limitaría el margen para administrar la transición en regiones donde esta estructura conserva capacidad militar, control económico e influencia sobre la población.
También aparece una disputa por la legitimidad institucional. Al sostener que el proceso pertenece al Estado y no a un gobierno específico, el Clan del Golfo busca preservar los avances alcanzados durante la administración saliente y presentar el cambio presidencial como una variable política que no debería alterar los compromisos adquiridos. Esa narrativa procura mantener vigente el espacio de interlocución incluso cuando cambian las prioridades del Ejecutivo.
La solicitud de acompañamiento de países y organismos internacionales amplía esa estrategia. Más que garantizar un respaldo inmediato, busca convertir un eventual proceso de sometimiento en un asunto observado por actores externos con capacidad de facilitar o respaldar mecanismos de verificación. Si el nuevo gobierno mantiene su posición, es probable que esa dimensión internacional se convierta en un escenario adicional de discusión sobre el tratamiento de las organizaciones criminales y la estabilidad de los procesos iniciados durante el cuatrienio anterior.
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Los próximos meses mostrarán si la política de seguridad se organiza alrededor de una confrontación sin espacios de interlocución o si termina diferenciando entre negociación política y sometimiento condicionado. Esa definición marcará el rumbo de la transición entre dos modelos opuestos para enfrentar a las estructuras armadas y determinará hasta dónde el nuevo gobierno puede sostener su promesa de firmeza sin perder capacidad para administrar las dinámicas territoriales que heredará.
