Bogotá, 21 de junio de 2026. El país llega a la segunda vuelta presidencial con la seguridad convertida en el principal punto de fractura entre los dos proyectos que disputan el poder. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda representan respuestas profundamente distintas frente a una crisis que se ha agravado durante los últimos años, mientras los grupos ilegales expanden su presencia territorial y fortalecen sus fuentes de financiación.
La disputa electoral trasciende la elección de una estrategia contra el crimen. Lo que realmente se decide es qué diagnóstico prevalecerá sobre las causas de la violencia. De la Espriella interpreta el deterioro del orden público como una consecuencia de la pérdida de capacidad coercitiva del Estado. Su apuesta busca recuperar control mediante operaciones militares, endurecimiento penal y ocupación territorial acelerada. Cepeda, por su parte, parte de una lectura diferente. Considera que la persistencia del conflicto está ligada a vacíos institucionales, incumplimientos acumulados y ausencia de oportunidades en regiones históricamente abandonadas.
Esa diferencia adquiere relevancia porque el escenario actual es más complejo que el que enfrentó Colombia durante los años de confrontación con las antiguas FARC. Hoy no existe una organización dominante capaz de concentrar la negociación o la confrontación. El crecimiento simultáneo del ELN, las disidencias, el Clan del Golfo y otras estructuras ha producido una geografía criminal fragmentada que dificulta cualquier solución rápida. Esa realidad pone límites tanto a las promesas de choque inmediato como a las expectativas de transformación gradual.
Cualquiera que resulte elegido encontrará un desafío adicional. Las economías ilegales han desarrollado una capacidad de adaptación que les permite sobrevivir a cambios de gobierno, ofensivas militares y procesos de diálogo. Por esa razón, la discusión de fondo ya no gira únicamente alrededor del uso de la fuerza o de la negociación, sino sobre la capacidad estatal para sostener presencia permanente en los territorios donde hoy mandan actores armados.
La jornada electoral también deja una señal política de largo alcance. Tras una década marcada por el debate alrededor del acuerdo firmado con las FARC, Colombia vuelve a dividirse entre quienes consideran que la prioridad es imponer autoridad y quienes creen que la estabilidad depende de resolver factores sociales e institucionales pendientes. El resultado de esta elección no cerrará esa discusión. Por el contrario, definirá cuál de esas visiones tendrá la oportunidad de demostrar, desde la Casa de Nariño, si puede contener una crisis que continúa expandiéndose.
