Cali, 20 de junio de 2026. Durante un acto público en Cali, el presidente Gustavo Petro volvió a invitar al expresidente Álvaro Uribe Vélez a comparecer junto a él ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La propuesta incluyó una imagen cargada de simbolismo, un abrazo en tarima antes de acudir conjuntamente a la justicia transicional. La iniciativa surge mientras avanzan procesos judiciales que involucran al exmandatario y retoma planteamientos que el jefe de Estado ha formulado de manera reiterada durante el último año.
La relevancia política del episodio no radica en la posibilidad inmediata de que Uribe acepte la invitación. Su importancia está en el terreno donde Petro decidió ubicar la confrontación. Durante años, la relación entre ambos estuvo definida por acusaciones cruzadas, disputas ideológicas y enfrentamientos electorales. Ahora el presidente intenta desplazar esa rivalidad hacia una discusión sobre memoria, responsabilidad y esclarecimiento del conflicto armado. Con ello busca presentar la controversia más influyente de las últimas dos décadas como un asunto pendiente de resolución histórica y no únicamente como una diferencia partidista.
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Ese movimiento también reorganiza el debate alrededor de la JEP. La jurisdicción nació como uno de los principales puntos de fractura entre quienes respaldaron el Acuerdo de Paz y quienes lo combatieron políticamente. Al insistir en que Uribe debería acudir a ese escenario, Petro amplía su carga simbólica y la convierte en un espacio donde podrían confluir actores tradicionalmente ubicados en extremos opuestos del espectro político. La viabilidad jurídica de esa posibilidad sigue siendo discutida, pero el mensaje político ya está instalado.
La propuesta contiene además una dimensión narrativa relevante. El presidente intenta ocupar simultáneamente dos posiciones. Por un lado mantiene sus cuestionamientos históricos al liderazgo uribista. Por otro, se proyecta como promotor de una salida institucional basada en la verdad. Esa combinación busca fortalecer una imagen de estadista dispuesto a incorporar a sus adversarios dentro de un proceso de cierre de ciclo nacional. La estrategia adquiere especial significado en un momento de alta polarización y de fuerte discusión sobre el legado del conflicto.
Para el uribismo, la situación plantea un dilema complejo. Ignorar la invitación permite evitar la validación de una jurisdicción que ha cuestionado durante años. Responder frontalmente puede facilitar que el Gobierno fortalezca la narrativa de que ofreció un camino de esclarecimiento que fue rechazado. Cualquiera de las dos opciones tiene costos políticos dentro de una disputa que trasciende el ámbito judicial.
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Lo que aparece en Cali es un intento de redefinir el marco desde el cual se interpreta la relación entre los dos dirigentes que más han condicionado la política colombiana del siglo XXI. El resultado inmediato probablemente no será un encuentro entre ambos. Sin embargo, la insistencia presidencial señala un esfuerzo por trasladar la discusión desde la competencia electoral hacia la construcción del relato histórico que terminará explicando quiénes asumieron responsabilidades frente a la violencia y quiénes prefirieron mantenerse al margen de ese proceso.
