Bogotá, 18 de junio de 2026. El candidato presidencial Iván Cepeda afirmó que no descarta extraditar a alias «Iván Mordisco» si llega a la Casa de Nariño, aunque condicionó cualquier decisión a una secuencia previa. Según su planteamiento, el jefe del Estado Mayor Central debe ser capturado, procesado en Colombia y responder ante las víctimas por los delitos que se le atribuyen antes de que se evalúe una eventual entrega a otro país.
La declaración tiene un alcance que va más allá del caso concreto de ‘Mordisco’. En plena campaña presidencial, Cepeda intenta ocupar un espacio complejo dentro del debate sobre seguridad. Por un lado, evita aparecer como un dirigente dispuesto a bloquear la cooperación judicial internacional. Por otro, insiste en que los responsables de graves violaciones deben rendir cuentas primero ante la sociedad colombiana. Esa combinación busca reducir un flanco político que históricamente ha sido utilizado por sus adversarios para asociar a la izquierda con posiciones indulgentes frente a actores armados.
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También aparece una señal dirigida a las víctimas. Al describir al jefe disidente como responsable de crímenes internacionales y exigir que responda ante la justicia nacional antes de cualquier traslado, el candidato introduce un criterio que ha acompañado varias discusiones recientes sobre cabecillas armados. La experiencia de extradiciones anteriores dejó cuestionamientos sobre la pérdida de información relevante para esclarecer redes criminales, responsabilidades políticas y patrones de violencia. Su mensaje busca conectar con esa preocupación sin renunciar completamente a la herramienta de la extradición.
La posición adquiere otra dimensión por el contexto jurídico que rodea a ‘Mordisco’. La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional y las investigaciones relacionadas con ataques contra comunidades indígenas y población civil amplían el número de actores institucionales involucrados. Si esos procesos avanzan, cualquier futuro gobierno tendría menos margen para convertir la extradición en una decisión exclusivamente política. La coordinación entre jurisdicciones nacionales e internacionales pasaría a ser un elemento central de cualquier estrategia estatal.
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La discusión también anticipa una de las divisiones narrativas más visibles de la campaña. Mientras algunos aspirantes construyen su propuesta de seguridad alrededor de señales rápidas de castigo y cooperación con Estados Unidos, Cepeda parece apostar por un discurso donde la legitimidad de la sanción depende de que exista antes una rendición de cuentas ante las víctimas colombianas. No elimina la extradición del repertorio estatal, pero modifica el orden de prioridades.
Lo relevante no es únicamente qué ocurriría con ‘Mordisco’ en un eventual gobierno suyo. La declaración permite observar cómo empieza a configurarse una disputa más amplia sobre quién define la justicia frente a los máximos responsables de la violencia armada. Allí se cruzan seguridad, reparación, soberanía judicial y compromisos internacionales. Esa discusión puede terminar influyendo tanto en la arquitectura de futuras negociaciones como en la forma en que el electorado evalúe las propuestas de autoridad y orden de los candidatos presidenciales.
