Putumayo, 16 de junio de 2026. La llegada de al menos 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez representa uno de los movimientos más concretos alcanzados en la negociación entre el Gobierno y esa estructura armada. Para facilitar el desplazamiento, el Ejecutivo suspendió durante seis días las operaciones ofensivas en corredores específicos y activó un mecanismo de monitoreo con participación de la MAPP-OEA.
El alcance político del traslado supera ampliamente la movilización de un centenar de combatientes. Lo que comienza a evaluarse es si el Estado conserva la capacidad de transformar acuerdos firmados en hechos verificables dentro de territorios donde durante años predominó la regulación armada sobre la institucional. La discusión ya no gira únicamente alrededor de mesas de diálogo, comunicados conjuntos o compromisos públicos. El foco se desplaza hacia la administración efectiva de una concentración armada en una región atravesada por economías ilícitas, disputas de frontera y estructuras con experiencia militar acumulada.
Valle del Guamuez emerge así como un laboratorio de implementación. Allí se pondrá a prueba la coordinación entre entidades civiles, organismos de verificación y comunidades locales. También se medirá la capacidad de la organización para cumplir restricciones operativas, respetar cronogramas y avanzar hacia formas graduales de desvinculación armada. Cualquier incumplimiento tendría efectos que exceden Putumayo y alcanzan el conjunto de negociaciones abiertas con otros actores ilegales.
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Existe además una dimensión institucional menos visible. La vigencia de diez meses de la zona proyecta este proceso más allá del actual gobierno y obliga a introducir un criterio de continuidad estatal. La estructura creada mediante resoluciones, decretos y mecanismos de seguimiento ya no depende exclusivamente de decisiones coyunturales. Quien llegue a la Casa de Nariño encontrará un esquema funcionando, con compromisos adquiridos y actores internacionales involucrados. Esa realidad reduce los márgenes para desmontar el proceso sin asumir costos políticos y operativos.
Las dudas de sectores críticos también adquieren relevancia estratégica. La concentración ocurre en un corredor históricamente vinculado a rutas ilícitas y sobre una organización señalada por acciones violentas recientes. Por eso el desafío central no consiste únicamente en evitar enfrentamientos durante el traslado. La verdadera prueba será impedir que el espacio termine facilitando reacomodos internos, preservación de cadenas criminales o fortalecimiento territorial bajo nuevas condiciones.
El resultado de esta experiencia influirá sobre la lectura nacional de futuras negociaciones. Si la supervisión funciona y los compromisos producen cambios observables, el Gobierno habrá construido un precedente para otras estructuras armadas. Si aparecen incumplimientos, vacíos de control o tensiones con la población, las críticas dejarán de concentrarse en el diseño de la estrategia y se trasladarán a su viabilidad. Lo que está ocurriendo en Putumayo no define únicamente el futuro de la CNEB. Empieza a definir hasta dónde puede llegar el modelo de negociación que ha intentado reorganizar la relación entre Estado y conflicto armado durante este periodo presidencial.
