Bogotá, 12 de junio de 2026. La campaña presidencial entró en una fase distinta tras la publicación oficial de “El poder de la verdad”, el programa de gobierno de Iván Cepeda para el periodo 2026-2030. A diez días de la segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico formalizó una propuesta estructurada alrededor de reformas tributarias, transformación institucional, fortalecimiento estatal y profundización de la agenda iniciada por Gustavo Petro. La aparición del documento coincidió con cuestionamientos de Transparencia por Colombia por la ausencia de reportes financieros de las campañas de Cepeda y Abelardo de la Espriella en la plataforma Cuentas Claras.
La decisión de presentar el programa completo en la recta final reorganiza parcialmente el eje de la contienda. Durante semanas, la discusión pública estuvo absorbida por denuncias sobre compra de votos, presiones armadas e interferencias territoriales. Cepeda intenta mover la conversación hacia una disputa programática y convertir la elección en un referendo sobre el rumbo del Estado colombiano. El documento no introduce un viraje ideológico inesperado. Consolida una narrativa que el petrismo viene construyendo desde 2022, basada en redistribución, transición energética, expansión de derechos sociales y negociación política del conflicto armado.
Ese movimiento tiene implicaciones estratégicas sobre el electorado de centro. La publicación tardía reduce el tiempo para que adversarios desmonten técnicamente cada propuesta, aunque también limita la posibilidad de que los indecisos procesen el alcance fiscal y político del proyecto. La apuesta parece orientada menos a persuadir desde cero y más a ofrecer certidumbre a sectores progresistas moderados que reclamaban mayor claridad sobre prioridades de gobierno, gobernabilidad y sostenibilidad financiera.
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El debate económico empieza a ocupar un lugar más sensible. La propuesta de gravar grandes fortunas, reducir exenciones y fortalecer el gasto social redefine la campaña alrededor del tamaño y el papel del Estado. De la Espriella representa una lógica de contención institucional, defensa de propiedad privada y reducción de intervención pública. Cepeda, en cambio, asume abiertamente la continuidad ampliada del experimento progresista. Esa polarización ideológica reduce el espacio para discursos ambiguos y obliga a sectores empresariales, regionales y partidistas a alinearse con mayor claridad antes del 21 de junio.
Sin embargo, la publicación del programa quedó atravesada por otro problema de legitimidad. La advertencia de Transparencia por Colombia introduce una tensión difícil para ambas campañas, porque instala dudas sobre rendición de cuentas precisamente cuando el debate gira hacia ética pública y fortalecimiento institucional. En el caso del candidato del Pacto Histórico, el costo potencial es mayor debido a que buena parte de su narrativa política descansa sobre transparencia, combate a privilegios y transformación moral del poder. Si la información financiera no aparece antes de la votación, la oposición tendrá margen para conectar discurso reformista con prácticas tradicionales de opacidad electoral.
Lo que ocurre en estos días puede anticipar algo más profundo sobre la política colombiana hacia 2030. La elección dejó de girar únicamente alrededor de liderazgos personales y empezó a ordenar dos visiones incompatibles sobre seguridad, redistribución, modelo energético y relación entre Estado y mercado. El resultado definirá algo más amplio que un cambio de gobierno. Determinará si el ciclo político abierto en 2022 entra en consolidación, corrección o retroceso.
