Bogotá, 11 de junio de 2026. La recta final de la elección presidencial entró en una etapa de confrontación judicial de alta intensidad tras la denuncia presentada por Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y el anuncio de acudir también a la Corte Penal Internacional. La acusación incluye concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito por presuntos vínculos con estructuras paramilitares de las AUC.
La decisión desplaza la campaña desde la disputa programática hacia la legitimidad histórica de los actores que buscan gobernar. Cepeda no se limitó a cuestionar posiciones ideológicas de su adversario. Eligió instalar una discusión sobre la relación entre poder político, redes civiles y paramilitarismo, uno de los temas más sensibles y persistentes de la historia reciente colombiana. La acusación adquiere un peso mayor porque revive episodios que durante años permanecieron parcialmente contenidos en declaraciones judiciales, versiones de exjefes armados y debates sobre el proceso de Ralito.
El movimiento también reorganiza los incentivos de ambos sectores. Para el Pacto Histórico, la denuncia fortalece una narrativa que conecta a la derecha con estructuras responsables de violencia y despojo. Esa línea busca consolidar votantes propios en un momento donde la movilización emocional pesa tanto como la discusión técnica sobre gobierno. La referencia a la CPI amplía además el alcance simbólico del caso. La campaña intenta mostrar que el asunto trasciende la política doméstica y toca posibles responsabilidades asociadas a crímenes de lesa humanidad.
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Del lado de De la Espriella, el reto deja de ser únicamente electoral y pasa a convertirse en reputacional e histórico. Aunque existan antecedentes de retractaciones y ausencia de condenas en su contra, la presión pública ahora obliga a responder sobre su participación en Fipaz, sus vínculos durante el proceso de negociación con las AUC y las versiones de antiguos comandantes paramilitares. La discusión ya no gira únicamente sobre hechos jurídicamente probados, sino sobre la percepción política que producen esos antecedentes en plena segunda vuelta.
La ofensiva también introduce riesgos institucionales. La Fiscalía queda expuesta a una presión inusual en medio de la campaña. Cualquier decisión temprana podría interpretarse como intervención política, mientras la ausencia de movimientos alimentaría cuestionamientos sobre selectividad o lentitud judicial. La CPI enfrenta otro dilema. Aunque difícilmente produzca efectos inmediatos, su sola invocación convierte el conflicto electoral colombiano en un asunto susceptible de observación internacional.
El episodio revela un cambio más profundo en la competencia presidencial colombiana. Las campañas ya no se concentran únicamente en seguridad, economía o gobernabilidad. Cada vez dependen más de disputas sobre legitimidad moral, memoria del conflicto y responsabilidades históricas. A diez días de la votación, la elección empezó a definirse también en el terreno de quién logra imponer el relato más creíble sobre el pasado político del país y sus consecuencias futuras.
