Bogotá, 10 de junio de 2026. La orden del Tribunal Superior de Bogotá contra la campaña de Abelardo de la Espriella abrió una confrontación que ya no gira únicamente alrededor de propaganda electoral. La decisión judicial, que exige retirar piezas con bandera, escudo, imágenes castrenses y expresiones como “Firmes por la patria”, golpea el núcleo identitario de su narrativa política en plena recta final presidencial. La reacción del candidato, convocando a sus seguidores a multiplicar esos emblemas en redes y espacios cotidianos, desplazó el conflicto desde los tribunales hacia la esfera cultural y emocional.
La respuesta de Abelardo muestra que su estrategia no depende exclusivamente de una estética visual. Depende de instalar la idea de que existe una disputa entre ciudadanía y élites institucionales por el significado mismo de la nación. Al pedir que cada celular, camiseta o estado de WhatsApp se convierta en un “mensaje de libertad”, convierte una restricción jurídica en una movilización descentralizada difícil de contener. El fallo obliga a desmontar vallas y contenidos oficiales, aunque también le ofrece un nuevo argumento para reforzar un discurso de confrontación con las instituciones.
En contexto: Los símbolos nacionales entran al centro del arbitraje electoral
Ese movimiento modifica la naturaleza del litigio. El Tribunal buscó limitar la apropiación partidista de símbolos comunes, especialmente aquellos asociados a las Fuerzas Armadas y a la representación estatal. Sin embargo, la reacción del candidato acelera otro fenómeno. La campaña deja de defender únicamente el uso de banderas o consignas y empieza a presentar cualquier límite judicial como un intento de restringir expresiones colectivas de identidad nacional. Ahí aparece un riesgo político relevante para la institucionalidad electoral. Cada decisión judicial futura podría ser reinterpretada como evidencia de persecución, incluso si su alcance es estrictamente publicitario.
La controversia también reorganiza las posiciones de otros sectores políticos. Las campañas rivales quedan obligadas a escoger entre defender la neutralidad de los emblemas nacionales o evitar quedar asociadas con restricciones a la libertad de expresión. Para sectores de centro y votantes urbanos moderados, la discusión puede transformarse en una prueba sobre la relación entre autoridad judicial, pluralismo y competencia democrática. Para una parte del electorado conservador, en cambio, la secuencia de fallos fortalece la percepción de que ciertos poderes buscan frenar a un candidato incómodo mediante mecanismos distintos al voto.
El episodio conecta además con experiencias regionales donde la bandera y otros íconos nacionales terminaron absorbidos por proyectos ideológicos específicos. Brasil ofrece el antecedente más visible. Allí, la identificación prolongada de los colores nacionales con el bolsonarismo obligó después a otros sectores a disputar nuevamente esos símbolos. Colombia entra ahora en una discusión similar, aunque por una vía distinta. No ocurre únicamente desde la competencia política, sino desde decisiones judiciales que intentan fijar límites antes de que esa apropiación se consolide.
La dimensión más delicada del caso está en el precedente que puede dejar. Si la justicia termina definiendo qué consignas, imágenes o referencias nacionales pueden usarse en campaña, el debate electoral colombiano incorporará un nuevo frente de litigio permanente. Lo que hoy afecta a Abelardo mañana podría alcanzar a cualquier candidatura que busque convertir símbolos compartidos en capital político propio.
