Bogotá, 9 de junio de 2026. La defensa pública de “fracking sostenible” por parte de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, provocó una reacción inmediata del petrismo y de sectores ambientalistas que rechazan la posibilidad de desarrollar esa técnica sin daños ecológicos. Gustavo Bolívar y la representante Esmeralda Hernández encabezaron la respuesta política y narrativa contra una propuesta que vuelve a colocar los hidrocarburos en el centro de la campaña presidencial.
La controversia expone algo más profundo que una diferencia técnica sobre explotación energética. Lo que empieza a consolidarse es una disputa entre dos relatos de país. De un lado, sectores que buscan reinstalar la seguridad energética, la explotación de recursos y la estabilidad fiscal como prioridades urgentes frente al deterioro económico y fiscal. Del otro, una coalición ambiental y progresista que intenta conservar el control moral sobre la conversación climática y convertir cualquier apertura al fracking en símbolo de retroceso institucional y ecológico.
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Restrepo parece entender que la transición energética dejó de ser un consenso homogéneo. Su intervención apunta a capturar votantes que ven con preocupación la caída en exploración, la presión sobre las finanzas públicas y la dependencia futura de importaciones energéticas. La apuesta consiste en presentar el aprovechamiento de hidrocarburos como una política pragmática y regulada, desligándola de la imagen de devastación ambiental que dominó el debate durante la última década.
La respuesta del oficialismo muestra que el tema conserva una enorme capacidad de movilización simbólica. Bolívar y Hernández no respondieron únicamente desde argumentos técnicos. Ambos trasladaron la discusión al terreno ético y cultural, donde el fracking aparece asociado a destrucción ambiental, amenazas sobre el agua y responsabilidad frente a generaciones futuras. Esa estrategia busca impedir que el debate se convierta en una discusión de eficiencia económica y mantenerlo dentro del marco de protección ecológica y límites ambientales.
También emerge una disputa por legitimidad política. Restrepo contraatacó señalando deforestación, minería ilegal y debilidad institucional durante el gobierno Petro. Con eso intenta erosionar la autoridad ambiental del oficialismo y trasladar el foco hacia la capacidad real del Estado para proteger ecosistemas estratégicos. La discusión deja entonces de girar exclusivamente sobre el fracking y empieza a abarcar quién puede reclamar coherencia ambiental en medio del crecimiento de economías ilegales y deterioro territorial.
La campaña presidencial podría convertir este asunto en uno de sus principales clivajes ideológicos. El fracking sintetiza tensiones económicas, fiscales, ambientales y territoriales en una sola discusión. Si la fórmula De la Espriella–Restrepo mantiene esta línea, probablemente consolidará respaldo empresarial y sectores preocupados por inversión y empleo, aunque también corre el riesgo de activar una resistencia intensa en electorados urbanos, jóvenes y ambientalistas.
Lo relevante es que el debate ya dejó de ser exclusivamente técnico o jurídico. Empieza a perfilarse como una confrontación sobre el modelo de desarrollo que intentará imponerse después de 2026. La energía vuelve a funcionar como frontera política entre quienes consideran agotado el paradigma extractivo y quienes creen que Colombia todavía depende de él para sostener estabilidad económica y capacidad estatal.
